Un dictamen emitido bajo la firma del senador Carlos Kuschel (cercano aliado y compañero de oficina de Kusanovic) desestimó en marzo una grave denuncia presentada por un exasesor de Puerto Natales, representado por el abogado Carlos Abarzúa. Mientras el parlamentario por Magallanes asegura “no saber nada”, los antecedentes apuntan a un esquema de desvío de remuneraciones públicas hacia una radio y una periodista de un medio de comunicación regional, y abren la urgente necesidad de una investigación penal.

Una bomba de racimo acaba de estallar en el Congreso Nacional y golpea nuevamente directo al corazón político y de la derecha de Magallanes. Una investigación publicada este jueves por el diario La Segunda sacó a la luz pública una grave y desconocida denuncia tramitada en el más estricto silencio ante la Comisión de Ética del Senado en contra del senador independiente (cupo RN), Alejandro Kusanovic.

La acusación, que involucra presiones económicas a un ex trabajador de su equipo parlamentario, fue sepultada administrativamente a principios de año. El portazo ético coincide con un dato clave que hoy genera suspicacias. La resolución fue visada por el entonces presidente de la instancia, el senador Carlos Kuschel, quien no solo comparte bancada con Kusanovic, sino también una estrecha amistad, oficinas y secretaria en Valparaíso.

Los detalles de la denuncia: Despido y “devolución forzada
De acuerdo al documento oficial de la Comisión de Ética emitido el 10 de marzo de 2026 (justo un día antes del inicio del nuevo periodo legislativo), la denuncia fue interpuesta por Rodrigo Gutiérrez Soto, un exfuncionario que se desempeñó como secretario encargado de la oficina parlamentaria de Kusanovic en Puerto Natales entre marzo de 2022 y diciembre de 2025.

La acción de Gutiérrez no es menor. Paralelamente, ingresó una demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Natales por despido injustificado y cobro de prestaciones laborales, acusando el incumplimiento de los requisitos del artículo 161 del Código del Trabajo.
Sin embargo, el flanco más complejo es el que apunta a la denominada “mascada” o “cuota” legislativa. Fuentes conocedoras del caso señalaron a la prensa que el motivo de fondo de la denuncia ante el organismo de ética era un “supuesto sistema de devolución forzada de parte de su remuneración que afectaba al denunciante”.

El modus operandi: ¿Plata pública para financiar un medio de comunicación?
Lejos de tratarse de un simple cobro irregular de asignaciones, una fuente interna del Congreso citada en el reportaje advierte que el mecanismo utilizado reviste caracteres de extrema gravedad:
“El sistema aquí no es tan burdo como llegar y haberle pedido el dinero a Gutiérrez de su sueldo, sino que es algo más complejo. De lo que se trata es, por una parte, de que supuestamente el exfuncionario tenía que depositar dinero de su remuneración a una tercera persona ligada a un medio de comunicación de su zona, y por otra parte (con el dinero de su sueldo, que es plata proveniente del sector público) a otra persona de una radio local”.

Este presunto esquema de desvío de fondos públicos destinados a personal para el financiamiento o triangulación con personas de medios de comunicación de la región enciende alarmas éticas y penales inmediatas.

El factor Kuschel: Juez y parte en los pasillos del Senado
El dictamen que declaró inadmisible la acusación argumentando que “los hechos deben denunciarlos ante quien corresponda” (derivando la responsabilidad a los tribunales ordinarios laborales) lleva la firma del senador Carlos Kuschel y del secretario de la instancia, Raúl Guzmán.

Consultado sobre por qué la instancia se desentendió de evaluar el comportamiento ético del parlamentario, Kuschel se blindó señalando: “Tengo entendido que hay un juicio. Nosotros no somos tribunal, somos Comisión de Ética… Nuestra labor es dedicarnos a cosas éticas”. Agregó que como el caso ya “estaba en la justicia”, la comisión no tenía competencia para pronunciarse en materia de remuneraciones.

Lo que el dictamen no menciona es la estrecha cercanía entre el fiscalizador y el fiscalizado. En los pasillos de la Cámara Alta es de público conocimiento que Kusanovic y Kuschel comparten lazos de profunda confianza técnica y política, al punto de compartir físicamente dependencias de oficina y el mismo equipo de secretarias, lo que siembra dudas razonables sobre la imparcialidad con la que se tramitó la denuncia entre enero y marzo de este año.

Kusanovic se desmarca: “Si me entero, yo mismo hago la denuncia”
El senador Alejandro Kusanovic optó por una estrategia de total desconocimiento de la situación. Al ser confrontado con el dictamen de la comisión, afirmó tajantemente al periodista Mario Contreras de La Segunda: “Mira, yo no tengo antecedentes de eso, nadie me ha dicho nada. Es una persona que trabajó conmigo hasta el 31 de diciembre… Yo no sé, el despido lo llevó a cabo la Corporación del Senado, así que no he sabido nada de eso, no me han llegado antecedentes”.

Respecto a la grave imputación de exigir retornos de sueldo para financiar operadores en medios de comunicación, Kusanovic replicó: “No, no tengo (idea), la verdad es que me sorprendiste, si yo me entero de algo de eso, yo mismo voy a hacer la denuncia”.

Por su parte, el denunciante, Rodrigo Gutiérrez Soto, actualmente se encuentra desempleado, sin la posibilidad de reinsertarse en el mundo laboral y declinó emitir declaraciones a los medios por temor a verse perjudicado en su estrategia legal y judicial en curso.

Un flanco judicial obligatorio
La revelación de este entramado coloca a la representación parlamentaria de la derecha y centroderecha de Magallanes en una posición sumamente crítica en Santiago, sumándose a los cuestionamientos que también pesan sobre el ex consejero regional y actual diputado republicano Alejandro Riquelme Ducci.

Ante la gravedad de las conductas descritas (que apuntan de forma directa a una presunta malversación o fraude en el uso de las asignaciones parlamentarias que provee el Estado), los antecedentes ventilados hoy en el Congreso no pueden quedarse en el archivo de una oficina de Valparaíso.

Se vuelve estrictamente imperativo que los ministros, parlamentarios o los propios intervinientes deriven de forma inmediata la totalidad de estas actas al Ministerio Público, único organismo facultado para determinar si en la oficina senatorial de Magallanes se configuró o no un delito flagrante contra las arcas fiscales.

Redacción ZonaZero.cl