Antecedentes incorporados en marzo de 2026 apuntan a irregularidades en contratación, manipulación de concursos, amenazas y posibles falsificaciones, mientras el propio servicio reconoce fallas en procesos de selección.

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes enfrenta una crisis institucional creciente, luego de que nuevos antecedentes ingresados a la Contraloría Regional ampliaran el alcance de denuncias por irregularidades administrativas, cuestionando la legalidad de decisiones clave adoptadas por su dirección.

De acuerdo con documentos revisados por ZonaZero.cl, las presentaciones (entre ellas la denuncia E153116-2025 y un segundo expediente complementario) describen un patrón de actuaciones que iría desde la contratación irregular de servicios externos hasta eventuales conductas que podrían tener carácter penal.

Uno de los ejes principales de la controversia es la contratación de la empresa Tailor Servicios, la que habría operado bajo la figura de honorarios a una persona natural, pese a tratarse (según correos, informes y respaldos) de una prestación empresarial que debía someterse a licitación pública conforme a la Ley de Compras Públicas.

Los antecedentes incluyen correos electrónicos, informes y documentos internos que demostrarían que la prestadora actuó en todo momento como representante de la empresa, incluso identificándose formalmente como su directora ejecutiva en comunicaciones oficiales.

Concursos anulados y dudas sobre transparencia

La situación escaló cuando el propio SLEP Magallanes resolvió dejar sin efecto múltiples procesos de selección de personal iniciados en 2025. La decisión, formalizada mediante resolución exenta en febrero de 2026, reconoce la existencia de “incongruencias, inconsistencias y discrepancias” que podrían haber vulnerado principios como la transparencia y la igualdad de oportunidades.

Sin embargo, los antecedentes aportados a Contraloría van más allá, apuntando a una eventual manipulación de dichos concursos. Según la denuncia, funcionarios del servicio habrían identificado a postulantes internos dentro de los procesos y compartido esa información con la empresa externa a cargo del reclutamiento, lo que podría configurar una grave vulneración al principio de imparcialidad.

Entre los elementos más delicados se encuentran acusaciones de amenazas hacia la prestadora externa, quien declaró por escrito haber sido intimidada para guardar silencio sobre las irregularidades detectadas. A ello se suma una denuncia por presiones para suscribir documentos que no reflejarían la realidad de los servicios prestados.

Estos hechos, de comprobarse, podrían encuadrarse en figuras como falsedad documental y eventuales infracciones a la probidad administrativa, lo que incluso abriría la puerta a la intervención del Ministerio Público.

Pese a la gravedad de estas comunicaciones, que además fueron enviadas con copia a directivos del SLEP, no existiría evidencia de que se hayan instruido sumarios internos o investigaciones administrativas oportunas, lo que refuerza la tesis de un posible encubrimiento institucional.

Irregularidades estructurales y gestión cuestionada

En paralelo, una segunda denuncia expone un conjunto de prácticas que apuntan a problemas estructurales dentro del SLEP Magallanes. Entre ellas, la asignación de “funciones críticas” sin justificación legal para aumentar remuneraciones, cambios arbitrarios de grado y contratación directa de personal sin respetar los estándares exigidos por la Dirección Nacional del Servicio Civil.

También se advierte la falta de avance en sumarios administrativos y denuncias por Ley Karin, además de una sobrecarga de designaciones directas por sobre los límites normativos, lo que tensiona aún más la legitimidad de la actual gestión.

Incluso se reportan situaciones que podrían constituir faltas a la probidad, como la contratación de familiares en establecimientos educacionales dependientes del servicio, pese a advertencias internas en contrario.

Actualmente, todos estos antecedentes se encuentran en análisis por parte de la Contraloría Regional de Magallanes, organismo que deberá determinar si corresponde instruir sumarios administrativos y eventualmente remitir los antecedentes al Ministerio Público.

El caso no solo compromete la continuidad operativa del servicio, sino que también instala interrogantes de fondo sobre el funcionamiento del sistema de educación pública en la región, especialmente en un contexto donde la institucionalidad del SLEP busca consolidarse tras el traspaso desde los municipios.

De confirmarse las irregularidades denunciadas, el impacto podría ser mayor. No solo administrativo, sino también político y penal, en una de las crisis más complejas que ha enfrentado el modelo de educación pública en Magallanes en los últimos años.

Redacción ZonaZero.cl