La Comisión de Medio Ambiente aprobó en particular y despachó a la Sala el proyecto que interpreta la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. La norma establece que el continuador legal del intendente, en la presidencia de la Comisión de Evaluación Ambiental, como para todos los efectos legales, será el gobernador regional.
La moción parlamentaria pretende despejar cualquier “laguna legal” sobre quién ejercerá como presidente de la citada Comisión.
La confusión se generó tras asumir los gobernadores regionales, a quienes no les traspasaron tal facultad. En cambio, la mencionada presidencia se radicó en los delegados presidenciales, actuales representantes del Ejecutivo en las regiones.
De esta manera, queda normado que será el gobernador regional, elegido democráticamente, quien asumirá en el cargo ambiental.
Para analizar la iniciativa la Comisión recibió a la gobernadora regional de Coquimbo, Krist Naranjo. La autoridad lamentó que en el caso de la aprobación del “Proyecto Dominga” presidiera la Comisión de Evaluación Ambiental el delgado presidencial.
Aseguró que los gobernadores, al ser elegidos democráticamente, son los representes idóneos para dar a conocer el sentir de la ciudadanía.
Participó también el abogado y profesor de Derecho Ambiental, exsubsecretario y exdirector del Servicio de Evaluación Ambiental, Ricardo Irarrázabal. En la ocasión, planteó que el rol político de la Comisión de Evaluación Ambiental debe ir disminuyendo.
Recalcó que el papel de evaluador debe responder a aspectos técnicos. Por lo que el delegado presidencial, al ser un representante del Ejecutivo, caería en la discrecionalidad del cargo.
Por su parte, el abogado y profesor de Derecho Administrativo, José Luis Lara, aseguró que el gobernador regional, al ser un cargo elegido, expone un mayor riesgo a la deliberación. Manifestó su preocupación por desligar al delegado presidencial de decisiones regionales tan importantes.
En tanto, el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Hernán Brücher, citó un dictamen de la Contraloría. En este documento se dispone que debe ser el delegado presidencial el encargado de presidir la Comisión de Evaluación Ambiental. Como consecuencia, sostuvo que no se necesitaría una interpretación de la normativa.
La Comisión dispuso que el diputado informante de este proyecto ante la Sala sea Luis Rocafull (PS).
En un segundo punto, la Comisión de Medio Ambiente despachó el proyecto que modifica la Ley 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. La norma prohíbe la utilización de elementos de propaganda electoral fabricados con material plástico no compostable (boletín 14024).
El objetivo de la iniciativa es eliminar el plástico no compostable en la propaganda de campañas políticas. Así, se reduce la basura electoral en las ciudades y en los ecosistemas.
En la sesión, el grupo parlamentario rechazó las indicaciones presentadas. Estas apuntaban a cambiar el concepto compostable por materiales reciclados, reciclables o reutilizables.
Según las y los parlamentarios, las indicaciones iban en contra de la idea matriz del proyecto. Argumentaron que, hoy en día, los materiales reciclables “pueden ser cualquier cosa”.
El proyecto será informado a la Sala por el diputado Félix González (PEV).
