Magallanes avanza lenta pero progresivamente hacia la intranquilidad e inseguridad que produce la delincuencia. En esta zona, donde es tan difícil habitar el territorio, los ciudadanos desean vivir al menos con seguridad y que no se afecte la calidad de vida. Sin embargo, la sensación de las victimas es de impunidad ya que realmente no pasa nada para frenar los pequeños asaltos. Por tradición las víctimas de robos generalmente hacen la denuncia con la esperanza de obtener justicia y evitar que la delincuencia se imponga, pero lamentablemente hoy al poco tiempo se dan cuenta que su caso no avanza.

De esta forma, la espiral de delincuencia en Magallanes poco a poco se asemeja a la realidad del resto del país. Alguien roba y generalmente no pasa nada, así que vuelve a robar; quizás lo detienen, pero a los dos días está en la calle. Esta secuencia se repite tanto que ya no sorprende a nadie. Lo que sí sorprende y enoja es que el Estado parezca haberse acostumbrado también.

En el primer semestre de 2025, los delitos ingresados al Ministerio Público aumentaron un 19,6% respecto al mismo período del año anterior a nivel nacional, lo que equivale a más de 156 mil delitos adicionales en solo seis meses. Son números que abruman. Pero más que las cifras, lo que agota a la ciudadanía es la sensación de que nada de eso tiene consecuencias reales para quien delinque. El problema empieza en el primer eslabón. Carabineros detiene, trabaja, arriesga. En 2024 se realizaron más de 11 millones de procedimientos policiales, un incremento del 10% respecto al año anterior, llegando a un promedio de 22 procedimientos por minuto. Ese esfuerzo es enorme. Lo que viene después, sin embargo, lo deja en nada.

Cuando la denuncia llega a la fiscalía, el camino más frecuente en los delitos menores es el archivo provisional. La ley lo permite: si no hay antecedentes suficientes para continuar, el fiscal puede cerrar la investigación. En la práctica, eso ocurre rápido, muy rápido, en forma mecanizada, especialmente en hurtos y robos de baja cuantía. El ciudadano que denuncia recibe, en el mejor de los casos, un correo automático confirmando que su caso fue recibido. Después, silencio. Puede enviar videos, imágenes de cámaras, datos del sospechoso. Nadie contesta. Ninguna diligencia visible se activa con esa información.

Esto no es una percepción. Es una experiencia cotidiana que se repite en cada comisaría y cada fiscalía local del país. La víctima de un hurto en un local comercial, en una farmacia, en la calle, sabe de antemano que su denuncia no llevará a ningún lado. Lo sabe porque ya le pasó antes, porque se lo contó el vecino o el comerciante de la esquina que lleva años perdiendo mercadería frente a cámaras que graban todo y no sirven para nada.

Ahí está otro punto que irrita. Las ciudades están llenas de cámaras. Municipales, privadas, de edificios, de locales. En muchos casos la imagen del delincuente queda registrada con claridad suficiente para identificarlo. Pero si no hay una orden de investigar, si el fiscal no instruye a la policía que analice esas grabaciones, las cámaras son solo decoración. Nadie manda buscar nada en un hurto menor. El umbral para que el sistema se active es tan alto que la mayoría de los delitos que afectan a la gente común quedan fuera.

Lo más revelador es lo que ocurre en las redes sociales. Cuando una víctima publica el video de lo que le robaron, la ciudadanía reacciona en horas. Comparte, amplifica, identifica rostros, cruza información. Hace, de manera voluntaria y sin recursos, exactamente la tarea investigativa que el sistema formal no realiza. Un caso reciente lo ilustra con dolorosa claridad: el robo en Semana Santa en el Santuario María Auxiliadora. Las imágenes circularon rápidamente por redes sociales y en el primer día hábil la comunidad ya había identificado a la pareja responsable. Vecinos, feligreses y usuarios anónimos hicieron en pocas horas lo que ninguna institución hizo. Cuando la víctima reunió esos antecedentes y los presentó formalmente, se encontró con algo que no esperaba: el caso ya había sido cerrado por falta de pruebas. Cerrado. Si, cerrado en 48 horas. Sin que nadie hubiera revisado las cámaras, sin que nadie hubiera salido a buscar a los imputados que la propia ciudadanía ya tenía identificados. Sin que el Fiscal haya ordenado alguna diligencia. Eso no es un error administrativo, es impunidad producida institucionalmente. Es decirle a la víctima que su caso no importa.

El delincuente habitual aprende rápido que los hurtos menores no tienen costo real. Que nadie se da el tiempo de investigarlos. En el peor de los casos roba, lo pillan, queda libre y vuelve a robar. No porque el sistema sea flexible con él, sino porque el sistema prácticamente no existe para ese tipo de delito. El hurto sigue siendo el delito más denunciado en Chile, con especial presencia en zonas comerciales, centros urbanos y espacios con múltiples accesos. Y seguirá siéndolo mientras la respuesta institucional sea archivar y olvidar.

La ciudadanía no pide venganza. Pide que alguien conteste el teléfono. Que los antecedentes que envió sirvan para algo. Que la cámara que filmó el robo sea revisada por alguien con autoridad para actuar. Que cuando la gente común hace el trabajo de identificar a un delincuente, alguien del otro lado esté dispuesto a recibirlo.

Por ahora, cuando la fiscalía cierra un caso antes de que la víctima pueda siquiera entregar las pruebas, el mensaje que envía es claro: aquí el que pierde el tiempo es quien denuncia, no quien roba. Eso lleva a la resignación, al acostumbramiento. Eso lleva a que gane la impunidad y dificulta el habitar.

Por Juan Marcos Henríquez,  doctor en Ciencias Biológicas, columnista.