La tensión acumulada en las costas del sur del país finalmente obligó al Ejecutivo a mover sus piezas. En medio de una ola creciente de cuestionamientos que provienen de los sectores productivos y artesanales de las regiones australes, el Gobierno confirmó que ingresará un conjunto de modificaciones a la polémica Ley Lafkenche (Nº 20.249), la normativa que regula los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO).

El anuncio fue gatillado por la compleja situación que se vive en la Región de Magallanes, pero reverbera con fuerza en todo el borde costero desde Los Lagos hasta el extremo sur.

La confirmación llegó por boca del subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, durante su intervención en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado. Según detalló la autoridad, La Moneda ya prepara un paquete de indicaciones que busca destrabar un conflicto que mantiene congeladas diversas inversiones y actividades en las regiones australes.

El cronograma ya está fijado: el próximo 27 de mayo, el Ejecutivo realizará un taller de difusión en la ciudad de Puerto Montt, instancia donde se presentarán formalmente los ejes temáticos de esta propuesta de modificación y se recibirán las primeras observaciones de los actores involucrados.

La olla a presión en Magallanes y Aysén
El escenario actual es de extrema sensibilidad. Dirigentes de la pesca artesanal de Magallanes reactivaron con fuerza el debate esta semana tras incluir la revisión de la Ley 20.249 en su agenda prioritaria con la delegada presidencial regional. ¿El argumento? Las “restricciones y dificultades” que acusan enfrentar para desarrollar proyectos productivos y optar a un crecimiento económico sostenible.

Pero el descontento no se queda solo en Punta Arenas. El senador por Aysén, Miguel Ángel Calisto, levantó la voz durante la sesión legislativa para advertir que los efectos de la normativa se sienten con fuerza en las regiones del sur y lanzó una fuerte crítica al centralismo: “Muchas veces desde Santiago se mira hacia el sur como si todo terminara en Puerto Montt”, fustigó el parlamentario, exigiendo que las instancias de participación ciudadana no se concentren únicamente en la Región de Los Lagos, sino que se trasladen también a Aysén.

Coexistencia y consulta indígena
El problema de fondo radica en la masiva expansión de solicitudes de ECMPO sobre extensas áreas del borde costero. En la práctica, esto ha generado un fuerte choque de intereses entre la pesca artesanal local, la industria de la salmonicultura, el desarrollo e infraestructura portuaria, y las solicitudes de conservación ambiental y de pueblos originarios.

Conscientes de que tocar esta ley es abrir una caja de pandora legal, desde la Subsecretaría de Pesca ya adelantaron que el proceso incluirá obligatoriamente una consulta indígena, la cual se realizará como parte integrada de la modificación legal.

El partido se juega el próximo 27 de mayo en Puerto Montt, en lo que promete ser el primer round de una reforma que busca equilibrar los derechos ancestrales con el motor económico del sur de Chile.

Redacción ZonaZero.cl