El precio del voto 26 [Por Juan Marcos Henríquez]
El Gobierno de José Antonio Kast tiene un problema concreto en el Senado: necesita 26 votos para aprobar el proyecto de Reconstrucción Nacional y, en este momento, no los tiene. Esa diferencia de un voto entre lo que el oficialismo controla y lo que la ley exige define todo lo que ocurrirá en las próximas semanas en la Cámara Alta, y explica por qué lo que parece una negociación es en realidad una cadena de decisiones donde cada concesión tiene un costo.
La Cámara Baja aprobó este miércoles sin contratiempos el proyecto. El oficialismo consolidó ese respaldo gracias a los 13 votos del Partido de la Gente, por lo cual no había mayor sorpresa en el resultado. Tras pasar por la Comisión de Hacienda Medio Ambiente y Trabajo, el proyecto llegó a la sala prácticamente sin contratiempos. Sin embargo, lo que viene ahora en el Senado es una situación completamente distinta. En el Senado, la coalición de derecha ocupa 25 escaños y la centroizquierda tiene 23. Los dos restantes son independientes: Bianchi y Campillai. Con esa distribución, el oficialismo necesita al menos un voto para alcanzar el mínimo requerido. Pero conseguir ese voto sin perder otro que parecía seguro es el verdadero desafío, porque cada negociación en una dirección genera tensiones en otra.
Si el Gobierno cede en la rebaja del impuesto corporativo para atraer votos de la centroizquierda moderada, arriesga perder el respaldo del ala más dura del oficialismo, que ya advirtió que no aceptará un proyecto que abandone su componente de desregulación económica. Si endurece los artículos sobre permisos ambientales alejará a los senadores de oposición que podrían apoyar la idea de legislar pero que condicionan su voto a que esas normas sean modificadas. Si prioriza las demandas de los senadores regionalistas, que exigen medidas específicas para zonas extremas, corre el riesgo de abrir un debate sobre el diseño territorial del proyecto. El partido Demócratas es un ejemplo concreto de esta dificultad. Sus senadores apoyan formalmente al Gobierno, pero exigen que quede establecido por ley que el Fondo Común Municipal será compensado por la exención de contribuciones a adultos mayores. Esa garantía, si se incorpora con la especificidad que exigen, puede generar objeciones en el ala más ortodoxa del oficialismo, que ya mira con cautela el impacto fiscal de mediano plazo del proyecto.
La oposición, por su parte, no tiene intención de rechazar el proyecto en bloque. Senadores de regiones afectadas por los incendios de Valparaíso, Biobío y Ñuble están dispuestos a aprobar la idea de legislar, pero con una estrategia declarada de usar las indicaciones para modificar en profundidad el texto. Lo que esto genera es un escenario donde la aprobación en general es probable, pero donde el proceso de indicaciones se convierte en una negociación paralela y simultánea con actores que tienen exigencias contradictorias entre sí. Satisfacer a cada uno de ellos sin irritar a los demás es una tarea que el ministro Quiroz sabe que es casi imposible de resolver en su totalidad. Cada indicación que se acepta para ganar un voto puede ser exactamente el motivo por el que otro senador, que hasta ese momento estaba alineado, decida distanciarse.
En ese escenario, los dos senadores de Magallanes tienen un peso que supera lo territorial. Karim Bianchi se caracteriza por un voto estrictamente pragmático, regionalista y fluctuante, sin alinearse de forma disciplinada con ningún bloque político tradicional. Los registros de sus votaciones lo ubican como el segundo senador de su supuesto sector que más se aparta de las posiciones de su bloque. Su posición dependerá de si el proyecto contiene o no medidas concretas para zonas extremas, algo que hasta ahora no está suficientemente resuelto en el texto. Kusanovic, por su parte, oficialista en términos formales, ha demostrado cierta autonomía en algunas decisiones. A comienzos de año declaró públicamente que negociaría “voto a voto con este Gobierno para obtener algo para Magallanes”, lo que convierte su respaldo en una variable abierta que depende de una negociación concreta y no de disciplina de bloque. Kusanovic podría pasar de ser ignorado en la conformación del gabinete regional a voto a considerar en la aprobación del proyecto.
El proyecto se aprobará probablemente en general en el Senado. Sin embargo, lo que se promulgue como ley dependerá de cuántas concesiones haya hecho el Gobierno para aprobarlo, y de si esas concesiones no terminaron costándole votos que consideraba seguros. El Ejecutivo sabe además que una aprobación ajustada no es suficiente garantía a largo plazo, ya que una reforma aprobada con lo mínimo es también una reforma que el siguiente gobierno puede modificar o revertir con la misma estrechez. Por eso el interés de La Moneda no es solo alcanzar los 26 votos, sino construir una mayoría lo suficientemente amplia como para que la ley tenga estabilidad en el tiempo.
Por otro lado, la necesidad de buscar acuerdos de mayoría aumenta ante la posibilidad de que un senador y una senadora puedan ser desaforados durante la tramitación del proyecto. El objetivo de alcanzar mayoría hace que la negociación sea todavía más exigente, porque cada voto adicional que se busca tiene un precio distinto. El voto 26 tiene un costo y una sólida mayoría otro, y ese precio lo están fijando quienes saben que el Gobierno no puede prescindir de ellos.
Por Juan Marcos Henríquez, columnista.
