El inicio de la administración de José Kast ha traído consigo una retórica de urgencia refundacional bajo la promesa de una “Reconstrucción Nacional”. Para vender políticamente una idea de tal magnitud, resulta tácticamente indispensable instalar primero en el imaginario colectivo la noción de que Chile es un país en ruinas, una nación devastada que requiere ser levantada desde sus cimientos. Sin embargo, cuando se contrasta esta premisa catastrofista con los datos duros y objetivos de la realidad institucional y económica que el nuevo gobierno recibe, el ambicioso plan oficialista se transforma en una incógnita peligrosa. Surge entonces una pregunta incómoda pero necesaria: ¿tiene algún sentido aplicar una anestesia de caballo para curar lo que, a la luz de los hechos, es solo un moretón superficial?

Las cifras oficiales emitidas tanto por instituciones del Estado como por prestigiosos organismos internacionales dibujan el retrato de una nación que, lejos de encontrarse al borde del colapso, ha recuperado de manera notable su estabilidad y avanza con paso firme en múltiples frentes. Desmantelar el andamiaje técnico y normativo actual en pos de un experimento político de alto riesgo no solo es una respuesta desproporcionada; es una temeridad que podría echar por tierra los delicados equilibrios macroeconómicos y sociales que tanto ha costado alcanzar en los últimos años.

El primer mito que se desmorona ante la evidencia empírica es el de un aparato productivo paralizado. La economía chilena hoy respira por sí misma y no necesita reanimación cardiopulmonar. De acuerdo con el Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central de diciembre de 2025, la economía cerró el año proyectando un crecimiento del PIB del 2,4% para 2025, trazando rangos estables de entre 2,0% y 3,0% para el presente año 2026, todo esto acompañado de una inflación controlada que converge decididamente hacia la meta institucional del 3%. Esta lectura es refrendada por el Banco Mundial, cuyo diagnóstico fue aún más optimista al anticipar una expansión del 2,6% para 2025, impulsada por exportaciones sólidas y un evidente repunte del consumo interno. Estas no son cifras menores si se pondera el complejo y hostil escenario geopolítico global. Chile gestionó la pospandemia con una resiliencia que pocos países de la región pueden exhibir, lo que obliga al Ejecutivo a explicar técnicamente cómo pretende duplicar este crecimiento al 4% anual mediante una agresiva rebaja de impuestos sin desfinanciar las arcas públicas.

Este dinamismo es refrendado por la confianza del inversionista internacional. Los datos consolidados por InvestChile confirman que el país sigue posicionándose como un imán indiscutido para los capitales extranjeros. Durante el año 2025, la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó un flujo de entre US$14.500 millones y US$16.200 millones, cifras que no solo representan un crecimiento sectorial neto del 10,8%, sino que se ubican un 63% por encima del promedio histórico registrado en el quinquenio comprendido entre 2016 y 2020. La estabilidad política, el irrestricto respeto a los contratos y la seguridad jurídica son activos patrimoniales que Chile no puede poner en juego mediante ajustes fiscales abruptos o reformas estructurales improvisadas en nombre de la urgencia electoral.

Por otro lado, en el sensible terreno de la seguridad pública —caballo de batalla del discurso oficialista—, los datos también contradicen el relato del caos absoluto. Quizás uno de los logros más silenciados y sistemáticamente invisibilizados del período previo es la sostenida reducción en los índices de delincuencia violenta. El Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados 2025, presentado formalmente por el Ministerio de Seguridad Pública, revela que la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes disminuyó drásticamente un 11,5% durante 2025 en comparación con el año anterior. En términos netos, se registraron 1.091 víctimas, es decir, 118 casos menos que en 2024, consolidando tres años consecutivos de descenso estadístico tras el peak histórico experimentado en 2022. Resulta particularmente esperanzador el desplome del 31,6% en las víctimas correspondientes a niños, niñas y adolescentes, un logro que las autoridades de seguridad atribuyeron directamente al “trabajo conjunto” y coordinado de las agencias del Estado. Cualquier política de seguridad responsable debería enfocarse en refinar y profundizar estas estrategias que ya están dando frutos, en lugar de borrar lo avanzado para partir desde cero.

En la dimensión social y laboral, la hoja de ruta que hereda la actual administración exhibe hitos completamente cuantificables que desmontan la teoría de la crisis terminal. El balance oficial resumido en el documento “Mil Avances” del Ministerio de Economía destaca una histórica reducción de la inflación en 10 puntos porcentuales y la exitosa implementación del alza del salario mínimo, fijado en $539.000 para este 2026. Esta última medida no fue un acto de voluntarismo centralista, sino que estuvo respaldada por un subsidio estatal de más de $200.000 millones destinado a proteger la viabilidad financiera de 150 mil MiPymes. Gracias a este ecosistema de protección y fomento, se crearon 600 mil nuevos puestos de trabajo y se logró disminuir de manera importante los índices de pobreza multidimensional en el país.

Es precisamente frente a este escenario de estabilización donde el Plan de Reconstrucción Nacional promovido por el presidente Kast enciende las alarmas de los especialistas. El programa, compuesto por más de 40 medidas de emergencia, promete llevar el crecimiento económico al 4%, reducir el desempleo a un piso del 6,5% y asegurar el equilibrio fiscal de la nación. No obstante, detrás de esta atractiva fachada de eficiencia, diversos analistas describen la propuesta como una reforma fiscal encubierta de tintes ideológicos que reduce el impuesto corporativo a las grandes empresas del 27% al 23%, elimina los mecanismos de doble tributación y otorga amplias exenciones de IVA, todo esto mientras se ejecuta un severo plan de contención del gasto público.

El dilema matemático y político es evidente: no existe fórmula económica que permita bajar significativamente los impuestos y, de manera simultánea, incrementar el gasto social y la inversión pública requerida para “reconstruir” infraestructura, a menos que el Estado recurra a un endeudamiento agresivo o a un recorte masivo en las prestaciones sociales básicas. Tal como lo advirtió con lucidez el analista Alejandro Alarcón a través de la plataforma especializada LexLatin, en esta propuesta “se apuesta por una reducción de impuestos que se compensa con ingresos transitorios y un esperado crecimiento. Será un difícil balance”. Si esta arriesgada pirueta financiera llega a fallar, no serán los grandes conglomerados los que paguen los platos rotos; las consecuencias de una apuesta fiscal irresponsable recaerán directamente sobre las espaldas de la clase media y de los sectores socioeconómicos más vulnerables del país.

En conclusión, Chile no necesita una reconstrucción de emergencia porque, sencillamente, no es un país devastado por una catástrofe. Lo que la institucionalidad requiere es un proceso continuo de perfeccionamiento, fiscalización y optimización de sus herramientas vigentes. Apresurarse a desmantelar lo construido para levantar un vistoso pero frágil castillo de naipes, sostenido únicamente sobre promesas de un crecimiento económico exponencial, representa un riesgo sistémico que, en el actual contexto de incertidumbre internacional, la ciudadanía no puede permitirse correr. Antes de entrar al quirófano con el bisturí de la privatización y el recorte, el nuevo gobierno debería aprender a leer correctamente los signos vitales de su paciente: están considerablemente más estables de lo que su propia retórica de campaña está dispuesta a admitir.

Por Jonathan Cárcamo Gómez, profesor especial, psicopedagogo, concejal de Punta Arenas.