El Presidente presentó ante el Congreso un balance de sus primeros 82 días de gestión marcado por anuncios en seguridad, economía y vivienda. La región austral aparece mencionada de pasada, mientras el gobierno reconoce una situación fiscal más grave de lo previsto.

El Presidente José Antonio Kast compareció este 1 de junio ante el Congreso Nacional para rendir su primera Cuenta Pública, a poco más de dos meses y medio de haber asumido el gobierno. El discurso, de tono confrontacional con la administración anterior y cargado de referencias históricas, combinó un diagnóstico sombrío de la situación del país con una batería de anuncios que, en varios casos, no tienen plazos ni financiamiento definido. La palabra “emergencia” atravesó todo el discurso: emergencia de seguridad, emergencia económica y emergencia social. Tres frentes abiertos que el gobierno reconoció haber encontrado en peor estado del que esperaba.

En materia fiscal, el propio Kast admitió que el déficit estructural del año 2025 cerró en 3,7% del PIB, más del doble del 1,6% comprometido por la administración anterior. “No es un tecnicismo contable”, afirmó, antes de anunciar medidas de contención del gasto por 1,3 billones de pesos. Sin embargo, en paralelo prometió creación de empleos, bonos para familias vulnerables, construcción masiva de viviendas, nuevas cárceles, expansión portuaria y ampliación de la Carretera Austral, entre decenas de otras iniciativas. La tensión entre el ajuste fiscal anunciado y la magnitud de los compromisos adquiridos no fue resuelta en ningún momento del discurso.

En todo caso, la Cuenta dejó el anuncio de la inversión de más de 800 mil millones de pesos para expandir la Carretera Austral entre La Junta y Villa O’Higgins, iniciativa enmarcada en el llamado Plan Ruta Austral. El Presidente la presentó en términos de soberanía y conectividad, señalando que “Chile no puede mirar su territorio austral como una periferia, sino como una zona estratégica para su futuro”.

En el capítulo de seguridad, los anuncios fueron los más detallados. El gobierno propone la creación de siete Fuerzas de Tarea Especiales para combatir crimen organizado, sicariato, narcotráfico, ciberdelito y violencia en la Macrozona Sur, entre otras amenazas. Además, anunció un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, mediante el cual quienes cometan determinados delitos podrán perder beneficios estatales como la gratuidad en educación, la Pensión Garantizada Universal o subsidios habitacionales. La propuesta instala una lógica punitiva sobre el acceso a derechos sociales que ya genera debate entre constitucionalistas y organizaciones civiles. El Presidente también anunció la construcción de más de 20 mil nuevas plazas carcelarias al año 2030, calificándola como “la mayor modernización del sistema carcelario en más de 30 años”.

En salud, el gobierno presentó como logro haber contactado al 99% de las más de 33 mil personas que estaban en lista de espera oncológica, con un avance cercano al 80% en la resolución de los casos más críticos. No obstante, reconoció que persisten más de tres millones de prestaciones pendientes en el sistema, una cifra que contrasta con la retórica de urgencia desplegada. En vivienda, anunció el traspaso de más de 10 millones de metros cuadrados de terrenos fiscales para proyectos habitacionales, la apertura de programas para viviendas de hasta 4.000 UF con garantía estatal y la creación del programa Eriazo Cero, orientado a recuperar sitios abandonados. En educación, prometió reformar el sistema de admisión escolar para incorporar mérito académico y mayor capacidad de elección de los padres, iniciativa que reactiva un debate político de larga data en Chile.

Uno de los pasajes más llamativos del discurso fue el reconocimiento explícito de irregularidades en el gasto fiscal heredado. Kast afirmó que el Plan de Inspección Total (una auditoría a más de 500 servicios públicos con apoyo de inteligencia artificial) encontró más de 3 mil millones de dólares en pagos pendientes “muy por encima de lo habitual” y cerca de 10 mil pymes esperando pagos postergados por más de 250 millones de dólares. El caso de la JUNAEB fue mencionado como especialmente grave, con pagos por raciones no entregadas y modificaciones contractuales irregulares. Esos hallazgos, de confirmarse con evidencia documental, abren un nuevo flanco político de proporciones.

El discurso cerró con un llamado a la unidad y una promesa que el propio Presidente acotó: “No les prometo milagros”. En 82 días de gobierno, Kast presentó un país en emergencia, un diagnóstico que atribuye casi íntegramente a sus antecesores, y una agenda de reconstrucción cuyo financiamiento real sigue siendo la pregunta sin responder.

Redacción ZonaZero.cl