El senador Alejandro Kusanovic, el diputado Christian Matheson, y seis consejeros regionales, presentaron una denuncia en la Contraloría General de la República, en contra del gobernador regional, Jorge Flies, respecto de la aprobación de la compra directa de un inmueble sin licitación, al juez Sergio Vera, quien semanas después adquirió una propiedad a la esposa del gobernador. Están solicitando una investigación por posible cohecho, tráfico de influencias y fraude al fisco. Por su parte, la máxima autoridad local dijo que se querellará en contra de los involucrados que llevaron adelante dicha acusación de manera pública.

Una denuncia formal por graves irregularidades administrativas y posibles hechos constitutivos de delito ingresaron este jueves 3 de julio, ante la Contraloría General de la República, el senador Alejandro Kusanovic, el diputado Christian Matheson y seis consejeros regionales de Magallanes: Robert Weissohn, Rodolfo Arecheta, Roxana Gallardo, Max Salas, Hernán Soto y José Luis Paredes.

La denuncia señala que el gobernador Jorge Flies aprobó sin inhabilitarse, y sin licitación pública, la compra por parte del GORE de un inmueble en Avenida Alessandri por $797 millones al actual juez tributario y aduanero, Sergio Vera Aparicio. Dicha propiedad será entregada en comodato como casa de acogida para adolescentes. La operación fue complementada con $432 millones adicionales para su remodelación, alcanzando una inversión total de $1.229 millones en fondos públicos.

Por su parte, luego de la petición de medios regionales, el gobernador Flies habló con la prensa y señaló que estas acciones eran producto de un sector de la derecha concertado para llevar adelante este tipo de denuncias. “Lamentar las implicancias y las insinuaciones que hacen particularmente, y dejar muy claro que acá el procedimiento que ha hecho el Gobierno Regional, en el caso de la compra de la casa de Mejor Niñez, toda la selección de la casa lo hace el servicio Mejor Niñez. Básicamente se informa al Gobierno Regional que por temas presupuestarios, no puede transferir los recursos, sino que tenemos que nosotros pagar el año presupuestario, pagar la casa y es un proceso que no ha tenido ninguna observación y que ya hace mucho tiempo nuevamente fue denunciado por un consejero de derecha”, dijo Flies.

Asimismo, Flies anunció que llevará adelante acciones judiciales en contra de los involucrados en la denuncia: “No hay ninguna relación con alguna situación familiar o personal, que no me voy a referir porque esas son acciones entre privados. Entonces, me llama mucho la atención la forma baja, inclusive coordinada, que han tenido. Espero que la Contraloría también tome acciones al respecto, porque también han acusado a la Contraloría de falta de fiscalización, y como ustedes saben, nosotros permanentemente estamos fiscalizados, inclusive los mismos consejeros han llamado la atención sobre observaciones administrativas que ha tenido este Gobierno Regional. Es muy lamentable la forma que han tomado en este último tiempo. Como digo, vamos a tomar las acciones, en este caso, legales que corresponden”.

Sin embargo, lo más grave, según los denunciantes, es que tres semanas después de concretarse la compra, el juez Vera adquirió una consulta médica por $400 millones a una sociedad donde la esposa del gobernador Flies (Paola Amaro) tiene un 33% de participación, lo que podría configurar un conflicto de interés, cohecho, tráfico de influencias y fraude al fisco.

Además, se denuncian vínculos personales entre funcionarias del Servicio Mejor Niñez y las arquitectas contratadas para la tasación del inmueble, informes técnicos contradictorios, y la falta de una resolución fundada que justificara la compra directa.

A esto se suma, según los denunciantes, la omisión de fiscalización por parte de la Contraloría Regional de Magallanes, pese a haber recibido antecedentes del caso desde septiembre de 2024. Por esta razón, solicitaron que la investigación sea liderada desde el nivel central y, de corresponder, los antecedentes sean derivados al Ministerio Público y tribunales competentes.

Los parlamentarios y consejeros firmantes expresaron su indignación por las irregularidades que se enmarcan en la tramitación de la compra del inmueble que será entregado en comodato por el Gobierno Regional, como casa de acogida de adolescentes.

El senador Kusanovic recordó que ya advirtió la necesidad de agilizar las investigaciones que estaba realizando la Contraloría Regional, sosteniendo que “resulta fundamental que cualquier hecho cuestionable sea investigado con rigor, garantizando que no queden dudas sobre su legitimidad o transparencia”. Además, el diputado Matheson, enfatizó que: “Estos casos deben ser examinados exhaustivamente, porque los magallánicos merecen que se esclarezca si los recursos públicos regionales se están utilizando correctamente y, de existir uso indebido de fondos públicos, estos hechos no pueden quedar impunes”.