Expertos, organizaciones, e incluso consejeros regionales, advierten que la decisión del gobernador Jorge Flies de presentar una propuesta al CORE limitando la zonificación a un tercio del litoral vulnera la legislación vigente y debilita la gestión territorial local. Asimismo, el reciente rechazo del Consejo Regional de Magallanes a incluir la totalidad del litoral en el proceso de zonificación del borde costero ha generado una ola de cuestionamientos técnicos y jurídicos. La propuesta consideraba sólo una parte del borde costero regional, dejando fuera las áreas silvestres protegidas y su franja costera colindante, lo que diversos especialistas y entendidos en la materia califican como una decisión jurídicamente incorrecta y perjudicial para el desarrollo regional.

De acuerdo a fuentes técnicas, la exclusión de estos espacios contraviene normas expresas contenidas en la Ley N°19.175 (Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional), la Ley N°19.300 (de Bases Generales del Medio Ambiente), la Ley N°21.600 (que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas) y la Ley General de Pesca y Acuicultura.
En estos puntos, se advierte que dichas disposiciones establecen claramente la obligación de integrar las áreas protegidas a los instrumentos de ordenamiento territorial, entre ellos la zonificación del borde costero.

Al mismo tiempo, la legislación ambiental vigente no excluye las facultades de los gobiernos regionales ni de otros organismos competentes sobre las áreas protegidas. Por el contrario, mandata su incorporación a la planificación territorial. Ejemplo de ello es la Ley 21.600, que en su artículo 54 obliga a vincular las áreas protegidas con los instrumentos de ordenamiento territorial.

Asimismo, hay consejeros regionales que recordaron en la sesión donde se rechazó la intención del gobernador Flies, que otras regiones como Aysén y Coquimbo ya han incorporado la totalidad de su borde costero —incluyendo zonas bajo protección oficial— sin conflictos normativos, lo que según algunos de los cores que votaron durante el consejo, refuerza la tesis de que la decisión adoptada en Magallanes carece de base legal y técnica.

Además de las críticas acerca de la inconsistencia jurídica, fuentes cercanas a la pesca artesanal advierten que la exclusión del 99% de la línea de costa estaría debilitando la capacidad de la gobernación regional para incidir en el desarrollo sustentable y la gestión del territorio.

Según algunos dirigentes del sector acuícola el “dejar fuera las áreas protegidas es renunciar a gobernar el borde costero. Se está perdiendo la oportunidad de influir en la definición de usos que históricamente han ayudado y decidido el desarrollo de Magallanes”.

Por otra parte, hay voces distintas a la industria pesquera en general, que remarcan que la Ley General de Pesca y Acuicultura reconoce la posibilidad de desarrollar actividades económicas en estos territorios, siempre que se respeten los objetivos de conservación y sus planes de manejo.

Cabe señalar, que la zonificación del borde costero es una herramienta estratégica para ordenar los usos del litoral y prevenir conflictos entre sectores productivos, comunidades locales y la protección ambiental. Por ello, las críticas al gobernador Jorge Flies apuntan a que debería incorporarse la totalidad del borde costero, garantizando una planificación integral que refleje la realidad geográfica y ecológica de la región más austral del país.

Es fundamental entender que el debate sobre la zonificación del borde costero en Magallanes abre un nuevo capítulo en la relación entre desarrollo, conservación y gobernanza territorial. Y distintas voces insisten en que una zonificación parcial debilita el rol del gobierno regional y contraviene el espíritu de las leyes que rigen la planificación territorial en Chile.

Redacción ZonaZero.cl