Una grave denuncia ingresada ante la Contraloría General de la República ha puesto nuevamente en el foco de la discusión pública a la Corporación Municipal de Punta Arenas (CORMUPA), alertando sobre lo que podría constituir un patrón sistemático de protección indebida, manipulación de procesos administrativos y vulneración directa a los principios de probidad e igualdad ante la ley.

El documento ingresado hace algunas semanas detalla una serie de decisiones administrativas que habrían favorecido deliberadamente a un funcionario específico, en desmedro de otros trabajadores que sí recibieron sanciones por conductas similares. Uno de los puntos más críticos de la acusación apunta al denominado caso de las licencias médicas, un proceso en el cual 23 funcionarios resultaron destituidos tras detectarse que viajaron al extranjero mientras se encontraban bajo reposo.

No obstante, la denuncia sostiene de manera directa que el ex Jefe de Salud de CORMUPA, Pedro Jofré Tabilo, habría incurrido exactamente en la misma conducta sin recibir sanción alguna. Además, en la presentación ante el órgano contralor se expone que la licencia médica que respaldó su viaje habría sido emitida por un médico que era su subordinado directo, extendida con una fecha posterior al inicio del reposo y coincidente con el periodo en que el funcionario ya estaba fuera del país, abriendo las puertas a eventuales responsabilidades penales por falsificación de instrumento público.

Lejos de enfrentar consecuencias, los antecedentes indican que el implicado habría sido reubicado de forma exprés en un cargo estratégico como Encargado de Capacitación e incluso asumido funciones como subrogante en Recursos Humanos, prescindiendo de un concurso público y del cumplimiento de los perfiles técnicos exigidos, lo que es catalogado en el documento presentado como una designación encubierta al margen del mérito legal.

A esto se suma el tercer eje de la denuncia, enfocado en la posible manipulación del sistema de calificaciones, ya que tras dejar su jefatura y perder ciertas asignaciones económicas, el funcionario recibió posteriormente una calificación máxima con nota 7 en todos los ítems. Esta evaluación resulta excepcional en un contexto donde ningún otro trabajador de la institución había alcanzado dicha nota en al menos cinco años, lo que levanta la sospecha de un uso indebido del sistema con el fin de compensar una baja salarial.

Ante este panorama, la denuncia expone la participación directa del Director de Recursos Humanos, Rodrigo Parada, quien por la naturaleza de sus funciones posee una responsabilidad estructural e ineludible en los procesos de evaluación, reubicación del personal y correcta tramitación de los sumarios administrativos, instalando la interrogante sobre si existió negligencia, omisión o participación activa en las decisiones cuestionadas.

En su conjunto, los hechos descritos en la denuncia en Contraloría configurarían un presunto esquema de protección institucional basado en la exclusión de sanciones, reubicaciones discrecionales y la manipulación de evaluaciones para efectos remuneracionales en torno a un mismo funcionario.

Finalmente, la presentación advierte que lo que está en juego trasciende la responsabilidad individual y afecta la credibilidad del sistema administrativo municipal, pues cuando los mecanismos de control interno fallan o se utilizan para favorecer intereses particulares se erosiona la confianza pública, dejando en manos de la Contraloría la tarea de investigar y marcar un precedente claro frente a esta situación.

Redacción ZonaZero.cl