Un ambiente de profunda tensión e incertidumbre corona la visita del ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, a la Región de Magallanes. En lugar de una agenda netamente protocolar, la autoridad fue recibida con un categórico y público rechazo por parte de las asociaciones de trabajadores de su propio sector, quienes denuncian un desmantelamiento financiero sin precedentes en la institucionalidad cultural del país.

A través de un duro comunicado conjunto las filiales regionales de ANFUCULTURA, ANATRAP y ANFUPATRIMONIO encendieron las alarmas ante lo que califican como el recorte presupuestario “más brutal del que tenga registro la institucionalidad cultural del Chile postdictadura”. La rebaja, según detallan los gremios, alcanza la histórica cifra de $51 mil millones de pesos, lo que representa casi un 10% menos del presupuesto ministerial autorizado para este año, triplicando con creces la rebaja del 3% que el Ministerio de Hacienda había solicitado originalmente para las distintas reparticiones públicas.

Los funcionarios acusan que, en medio del silencio y las evasivas, la administración central no ha entregado ninguna justificación técnica que explique el castigo financiero a determinados programas o partidas presupuestarias . Ante esto, exigieron transparentar de inmediato el destino de los recursos ya descontados, recordando que no son fondos de libre disposición sino que están sujetos a los marcos de la ley de presupuesto.

Para una región con características de zona extrema como Magallanes, donde la inversión pública es vital para el desarrollo equitativo y armónico, el golpe se anticipa devastador. Las organizaciones advierten que este escenario frena en seco las aspiraciones y promesas largamente esperadas por las comunidades locales, poniendo en vilo la puesta en marcha de la Biblioteca y Archivo Regional, así como la definitiva recuperación del Museo Regional de Magallanes, proyectos que requieren asegurar no solo infraestructura, sino condiciones operacionales y de dotación de personal que garanticen su funcionamiento óptimo.

Asimismo, el comunicado advierte un “efecto macabro” en la economía local, ya que la drástica disminución de los distintos fondos de cultura golpeará directamente los bolsillos y las perspectivas de desarrollo de artistas, escritores, gestores culturales e investigadores de la zona que habitualmente participan de estos concursos, trayendo como consecuencia una previsible reducción de espectáculos y espacios de difusión y creación artística para la ciudadanía regional.

El conflicto no es solo presupuestario; también toca fondo en la gestión interna de la institución. Los gremios denunciaron de manera preocupante que en la seremía de las Culturas aún no se ha cursado el organigrama oficial para las dependencias de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, pieza que consideran la piedra angular de la organización. Esta decisión, calificada como carente de sustento jurídico, ha provocado que la Subsecretaría considere administrativamente a los coordinadores y encargados programáticos en regiones como si fueran jefaturas. El efecto colateral de esta maniobra, según los trabajadores, es que se está impidiendo ejercer derechos laborales fundamentales (como el teletrabajo) a funcionarios profesionales de las seremías que no ostentan ni los grados, ni las funciones, ni las responsabilidades reales de una jefatura, a lo que se suman problemas crónicos de dotación al no haberse nivelado ni cubierto todos los cargos necesarios en la región.

Finalmente, la ofensiva gremial en Magallanes se da en un marco de movilización mayor, manifestando su total adhesión a la declaración pública de las organizaciones nacionales del sector justo a las puertas de que se celebre un nuevo Día del Patrimonio el próximo fin de semana. Para los funcionarios, resulta una contradicción flagrante que se restrinjan beneficios sociales y se desproteja el patrimonio cultural en favor de la inversión privada desregulada, afectando al conjunto de la población chilena para financiar medidas que afirman sólo favorecen al 1% más rico del país.

Redacción ZonaZero.cl