La denominada megarreforma o Proyecto de Reconstrucción Nacional, impulsada por el Ministerio de Hacienda del gobierno del Presidente José Antonio Kast, ha generado intensos debates en el ámbito económico y político chileno.

Esta iniciativa combina una significativa rebaja tributaria —especialmente dirigida a las rentas más altas— con un ajuste del gasto público, buscando reactivar la economía y mejorar las cuentas fiscales. Sin embargo, las proyecciones de sus efectos a corto plazo son objeto de escepticismo por parte de analistas.

Según el economista Guillermo Larraín, ex presidente del Banco del Estado y académico de la Universidad de Chile, la probabilidad de que esta reforma genere un efecto de crecimiento macroeconómico significativo en el corto plazo es muy débil.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, Larraín señaló que existe una “trampa” en el diseño del proyecto: aunque la rebaja de impuestos genera un excedente de caja para empresas y personas de mayores ingresos, no existe obligación ni incentivo inmediato para que estos recursos se traduzcan en consumo o inversión productiva.

“Pueden decidir ahorrarse el dinero o dejarlo depositado mientras ven alternativas. No tienen necesidad de consumirlo ni de invertirlo en forma inmediata”, explicó Larraín. Esta visión choca con el optimismo oficial, que espera un impulso rápido a través de mayor liquidez en el sector privado.

Otro elemento crítico es el ajuste fiscal por el lado del gasto. Larraín calificó esta medida como “naturalmente recesiva”. Reducir el gasto público en un contexto de baja actividad económica puede contraer aún más la demanda agregada, generando un efecto contractivo en el corto plazo. Mientras tanto, los beneficios de la baja de impuestos tardarían años en materializarse plenamente, creando una brecha temporal complicada para la economía chilena.

Desde el punto de vista político, el economista advirtió sobre los riesgos de aprobar la reforma de manera acelerada en la Cámara de Diputados. Esta estrategia podría restarle sustentabilidad a largo plazo, ya que un cambio de mayoría en el futuro podría revertir las medidas tributarias. Los inversionistas, conscientes de esta inestabilidad, podrían optar por la cautela antes que comprometer capitales significativos.

Proyecciones macroeconómicas

Expertos coinciden en que, si se aprueba sin modificaciones mayores, el impacto en el PIB durante 2026-2027 sería marginal. Se estima un posible aumento de la inversión privada entre 0,5% y 1,5% anual en el mejor escenario, pero con riesgos de contracción por el lado fiscal. El crecimiento sostenido dependerá más de factores externos —como el precio del cobre y la demanda china— que de los efectos internos de la reforma.

Para que la megarreforma cumpla sus objetivos, analistas como Larraín enfatizan la necesidad de alcanzar un acuerdo técnico transversal que le otorgue legitimidad y predictibilidad. Sin este consenso, el proyecto podría convertirse en un instrumento de corto aliento político más que en una verdadera palanca de desarrollo económico.

En resumen, las proyecciones más realistas indican que la megareforma ofrece más beneficios estructurales a mediano y largo plazo que soluciones inmediatas. Su éxito dependerá de la capacidad del mundo político para priorizar la estabilidad y la certidumbre por sobre la velocidad legislativa.