La Argentina busca dólares: el gobierno presentó el “Súper RIGI” para inversiones desde US$ 1000 millones
El Gobierno nacional envió al Congreso un ambicioso proyecto de ley denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, popularmente conocido como “Súper RIGI”. Se trata de una versión potenciada y más focalizada del Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) aprobado en la Ley Bases, con el objetivo de atraer capitales de escala global hacia sectores estratégicos que aún no se desarrollan en Argentina.
El Súper RIGI establece un piso mínimo de US$ 1.000 millones por proyecto y tendrá una vigencia de cinco años para su adhesión. Además, exige que al menos el 20% del monto total sea desembolsado en los primeros dos años, garantizando un compromiso concreto desde el inicio. Las inversiones deberán canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), sociedades creadas exclusivamente para cada iniciativa.
Entre los sectores priorizados se encuentran tecnologías de punta como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital, hidrógeno verde, pequeños reactores nucleares (SMR), manufactura de baterías, vehículos eléctricos, proyectos de GNL, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del litio y el uranio, entre otros. Quedan expresamente excluidas las ampliaciones o modernizaciones de actividades ya existentes; solo se benefician proyectos genuinamente nuevos o en etapa experimental.
Los incentivos son significativos. Se establece una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias (inferior al 25% del RIGI original), amortización acelerada, deducción ilimitada de quebrantos y una baja progresiva en la tributación de dividendos hasta el 3,5%. En el plano aduanero, se eliminan derechos de importación y exportación para bienes del proyecto y sus productos. Además, se ofrece un esquema de libre disponibilidad de divisas que comienza en 20% el primer año y llega al 100% en el tercero.
Una de las novedades más relevantes es la estabilidad jurídica por 30 años en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social, con posibilidad de arbitraje internacional. Las provincias y municipios deberán adherir expresamente al régimen y comprometerse a no aplicar cargas locales que neutralicen los beneficios nacionales.
