Un contundente pronunciamiento emitido este 1 de abril por la Contraloría General de la República dejó en evidencia una serie de irregularidades en la adquisición de un inmueble por parte del Gobierno Regional de Magallanes, destinado a una residencia para adolescentes, concluyendo derechamente que el proceso “no resultó procedente” en los términos en que fue ejecutado.

El dictamen establece como principal conclusión que la compra del inmueble ubicado en Avenida Jorge Alessandri se realizó fuera del marco legal, al no haberse efectuado una licitación pública ni haberse justificado debidamente el uso del trato directo, mecanismo excepcional que exige una fundamentación formal que en este caso no existió.

Pero el cuestionamiento va más allá de lo administrativo. La Contraloría advierte que el proceso completo de selección del inmueble estuvo marcado por decisiones apresuradas, falta de antecedentes técnicos y criterios inconsistentes. De hecho, la elección de la propiedad se habría realizado sin contar con estudios clave como tasaciones fundadas, análisis comparativos o documentación previa suficiente, lo que impidió garantizar una decisión informada y eficiente en el uso de recursos públicos.

En esa misma línea, el organismo fiscalizador detecta que las tasaciones presentadas carecían de respaldo metodológico, sin trazabilidad ni parámetros claros que permitieran validar los valores asignados. En términos simples, no había cómo comprobar que el precio pagado correspondiera realmente al valor de mercado.

A esto se suma un elemento particularmente delicado: la eventual vulneración del principio de probidad. Según el dictamen, existieron circunstancias que podrían haber afectado la imparcialidad del gobernador regional, quien participó activamente en el proceso pese a que el vendedor del inmueble mantenía, casi en paralelo, una operación comercial con una sociedad vinculada a su cónyuge. La Contraloría señala que, ante ese escenario, debió haberse abstenido, cuestión que ahora deberá ser determinada en las instancias correspondientes.

Otro punto crítico es el uso de recursos públicos para fines personales. El organismo ordena que los abogados del Gobierno Regional dejen de patrocinar la querella presentada por el propio gobernador en el contexto de este caso, al considerar improcedente que se financie con fondos públicos una defensa relacionada con hechos que podrían implicar infracciones a sus deberes funcionarios. Además, se instruye la restitución de esos recursos.

Las conclusiones son categóricas: hubo fallas en el cumplimiento de la normativa, debilidades en la toma de decisiones, deficiencias técnicas y posibles conflictos de interés. Todo esto llevó a la Contraloría a tomar una decisión de fondo: instruir directamente procedimientos disciplinarios tanto en el Gobierno Regional como en el servicio involucrado, y remitir los antecedentes al Ministerio Público para eventuales responsabilidades penales.

En síntesis, el órgano contralor no solo cuestiona un acto administrativo puntual, sino que instala un manto de duda sobre la forma en que se gestionaron recursos públicos en un proyecto sensible, destinado a la protección de menores. El caso ahora entra en una fase más compleja, donde las responsabilidades administrativas y eventualmente judiciales comenzarán a definirse.

Dictamen de Contraloría General de la República:

Redacción ZonaZero.cl