La reforma integral al sistema de adopción en Chile, aprobada por el Congreso tras más de 10 años de tramitación, enfrenta importantes objetivos una vez promulgada: modernizar y agilizar este proceso en Chile, además de equiparar las posibilidades para matrimonios, personas con unión civil o solteros.

Uno de los cambios más significativos es la reducción de los tiempos. La normativa anterior podía dilatar el proceso de vinculación de un niño, niña o adolescente con una familia hasta en 6 u 8 años. Con la nueva ley, el plazo máximo para que los tribunales de familia determinen la vinculación o revinculación se reducirá a entre 12 y 18 meses.

La reforma también equipara las posibilidades para adoptar, eliminando la figura de la “prelación”. Esto significa que se igualan las condiciones para matrimonios (homo o heterosexuales), personas solteras y parejas con acuerdos de unión civil.

El debate sobre la posibilidad de adopción por parejas homosexuales, que se dio largamente en el Congreso, fue un punto clave y una situación que ya había sido zanjada por la Corte Suprema en 2019 a favor de la igualdad.

Otro aspecto central de la nueva ley es el cambio de paradigma, poniendo el bienestar superior del niño o la niña como la consideración más importante en el proceso de adopción.

Adicionalmente, la ley contempla que el niño o niña adoptado pueda mantener contacto con su familia de origen si así lo desea. También se incorpora la posibilidad de que las familias de acogida puedan convertirse en familias adoptivas.

Finalmente, la normativa perfecciona el delito de obtención ilegal, abordando específicamente las adopciones ilegales de niños, niñas o adolescentes.

Desde la sociedad civil, también hay valoraciones positivas. Alejandra Ramírez, directora ejecutiva de la Fundación Chilena de Adopción y Familia, explicó que la ley actual implica dos procesos (protección y susceptibilidad de adopción) que, sumados, suelen tomar alrededor de cuatro años para que un niño sea finalmente adoptado.

En general, señaló que la nueva ley es “un proyecto que abrazamos las organizaciones de la sociedad civil y el Estado“.

La implementación de este nuevo sistema y sus ajustes serán observados de cerca, marcando un hito en la legislación chilena sobre infancia y familia.