La Fiscalía Regional de Magallanes confirmó oficialmente la apertura de una causa penal para investigar a fondo la adjudicación de un subsidio habitacional destinado a familias vulnerables que benefició a Susan Chicuy Godoy, pareja y socia comercial del actual diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme Ducci.

El caso quedó radicado en manos de la fiscal jefa de Punta Arenas, Johanna Irribarra, quien ratificó que el Ministerio Público ya activó los protocolos tras recibir la denuncia formal emanada desde el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). Según explicó la persecutora a cargo de la indagatoria, se trata de una investigación abierta en la que ya se encuentran realizando diligencias a fin de establecer o descartar la veracidad de los hechos denunciados, buscando determinar si existió un fraude de subvenciones u otros ilícitos por parte de los involucrados o de quienes resulten responsables.

La trama cobró fuerza nacional tras la confirmación del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien instruyó directamente al Serviu Magallanes materializar la denuncia penal tras recibir una carpeta con antecedentes, una acción judicial que se formalizó el pasado 8 de mayo y que se ha transformado en la noticia del momento en la política del país.

Al respecto, el director subrogante del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, fue categórico al señalar que el servicio tomó conocimiento de datos que podrían revestir carácter de delito vinculados a procesos de asignación de subsidios habitacionales, apuntando a rastrear no solo a la beneficiaria, sino también la red de funcionarios que visó el proceso.

Tal como lo revelaron las primeras indagaciones de ZonaZero.cl, el beneficio corresponde al Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, una iniciativa estatal regulada por el D.S. 49 y diseñada exclusivamente para personas de alta vulnerabilidad. La polémica estalla al desglosar los datos contenidos en la Resolución Exenta N°1117, firmada el 7 de julio de 2022, donde Susan Chicuy fue incorporada al proyecto habitacional.

Al momento de postular, la mujer se registró en el Registro Social de Hogares como soltera, madre de cuatro hijos y conviviente en el hogar de su propia madre para calificar en el tramo requerido, omitiendo información clave sobre su verdadera realidad socioeconómica.

El punto más complejo del caso es que tres de esos cuatro menores son hijos biológicos del diputado republicano Alejandro Riquelme, quien al momento de entregarse las viviendas en diciembre de 2023 se desempeñaba como Consejero Regional de Magallanes, cargo desde el cual aprobó precisamente el cofinanciamiento de esos mismos proyectos habitacionales. Además, paralelo a la postulación de vulnerabilidad, la beneficiada registraba participación activa junto al parlamentario en tres empresas en funcionamiento: Magallania Capacitación Limitada, Magallania Asesorías Limitada y Magallania SpA, todas domiciliadas en una propiedad cercana a la Plaza Sampaio.

Ante el revuelo de las últimas horas, Riquelme escuetamente salió al paso de las acusaciones intentando restar peso a la apertura de la causa penal, señalando que la indagación no implica culpabilidad, irregularidad ni responsabilidad alguna.

Además, el legislador republicano acusó una presunta intencionalidad política detrás de los antecedentes que hoy maneja la justicia, afirmando que le llama profundamente la atención que este tipo de filtraciones aparezcan precisamente cuando han intensificado la fiscalización sobre irregularidades relacionadas con la compra de terrenos y construcción de viviendas en la región de Magallanes.

Con la confirmación de la Fiscalía de Punta Arenas, la arista judicial entra en su etapa más compleja con órdenes de pesquisas reservadas para determinar si el acceso al subsidio habitacional configuró un delito.

Redacción ZonaZero.cl