En un escenario donde la ciudadanía exige niveles cada vez más altos de probidad, la Contraloría General de la República dio un golpe de timón a nivel nacional. Tras un exhaustivo, detallado y prolijo cruce de datos masivo, el órgano contralor evacuó el Informe CIC Nº 23, desnudando una cruda realidad: la entrega generalizada de permisos de circulación fuera de norma a lo largo y ancho del país.

La Región de Magallanes no fue la excepción. Absolutamente todas las comunas resultaron “salpicadas” por el informe, registrando anomalías en el sistema. Aunque Punta Arenas encabeza la lista regional en volumen de casos, ha sido la reacción de una de las comunas más pequeñas la que encendió las alarmas y desató la perplejidad de la opinión pública.

Lejos de asumir una postura de autocrítica o de colaboración inmediata para subsanar los hallazgos, la Municipalidad de Torres del Paine, liderada por la alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez, optó por emitir un comunicado oficial institucional que raya en lo insólito. El documento, evidencia una desconexión profunda entre los estándares que la autoridad comunal considera aceptables y el clamor ciudadano por una transparencia total y sin matices.

Lamentos por lo público: La paradoja de Torres del Paine
El eje central del reclamo municipal resulta, a ojos de cualquier ciudadano, derechamente irrisorio. En un párrafo que ya genera severas críticas, el municipio califica como “lamentable que esta noticia haya sido difundida públicamente por el órgano contralor sin que hayamos sido notificados al respecto”.
La declaración ignora la naturaleza misma de la Contraloría, cuyos informes de fiscalización final y auditorías son, por mandato legal y constitucional, de carácter público.

Pretender que un organismo fiscalizador mantenga bajo reserva o en “secreto de pasillo” un hallazgo que involucra la entrega fuera de norma de 48 permisos de circulación en la comuna entre los años 2022 y 2025, atenta contra la base misma del control democrático. La opinión pública no ve con malos ojos que la información circule. Al contrario, agradece la prolijidad de un informe que permite saber exactamente dónde se están vulnerando los procesos.

Para intentar restarle peso a la gravedad de los datos expuestos, la administración de Torres del Paine ensayó una curiosa defensa técnica en su comunicado, argumentando que el documento publicado por Contraloría corresponde únicamente a un “análisis masivo y automatizado de bases de datos a nivel nacional, y no a una auditoría específica o en terreno”. De acuerdo con la óptica municipal, estos “cruces masivos” no contemplan notificaciones previas e impiden aclarar inconsistencias temporales, desfases o supuestos “errores de actualización de plataformas externas”.

Con esta pirueta argumentativa, la alcaldía desliza una sombra de duda sobre el rigor metodológico del ente fiscalizador, tildando el procedimiento de “sistemático” pero falto de instancias técnicas para correcciones. Rematan asegurando que la difusión de los datos sin revisión previa “no promueve el buen ejercicio del sistema público, sino una mala proyección de imagen hacia la comunidad”. Una vez más, la preocupación parece centrarse más en el control de daños estéticos y de imagen corporativa que en el fondo de la presunta irregularidad.

El cruce de datos que desnudó a Magallanes
A pesar de los cuestionamientos del equipo municipal de Torres del Paine, lo cierto es que los datos emanados desde Santiago revelan un problema sistémico a nivel regional. El informe de Contraloría se construyó cruzando las plataformas del Servicio de Registro Civil e Identificación, el Ministerio de Transportes y los propios registros de los 345 municipios evaluados en el país.
En Magallanes, la revisión no dejó a nadie inmune. Desde las comunas más urbanas hasta las más extremas presentaron fisuras en sus departamentos de tránsito:
Punta Arenas: Lidera holgadamente el listado regional en cuanto a volumen de permisos emitidos de forma irregular, convirtiéndose en el foco principal de atención de la Contraloría en la zona.
Torres del Paine: Figura con la controvertida cifra de 48 permisos de circulación otorgados bajo condiciones negativas o fuera del marco normativo vigente dentro del bloque temporal 2022-2025.
El resto de las comunas: Cada rincón de la región (desde Puerto Natales hasta Porvenir y Cabo de Hornos) arrojó al menos una alerta en los cruces de datos, confirmando que saltarse los filtros técnicos o legales para favorecer la recaudación o beneficiar a particulares pareciera una práctica extendida en todo el territorio.

Transparencia de papel
Hacia el cierre de su declaración, la Municipalidad de Torres del Paine intentó equilibrar la balanza recordando con orgullo que en el año 2025 se posicionó como una de las 10 municipalidades de Chile con mayor rendimiento en Transparencia Activa.
Sin embargo, la contradicción salta a la vista de inmediato, ya que no se puede aplaudir la transparencia cuando los rankings favorecen la gestión, y luego salir a criticar y tildar de “lamentable” la publicidad de los actos públicos cuando el mismo principio expone las faltas internas. La transparencia no se aplica a conveniencia ni se suspende cuando el termómetro político sube de temperatura.

Mientras las autoridades locales esperan la llegada formal de los expedientes para “tomar las medidas correspondientes”, la ciudadanía ya tomó nota. El minucioso informe de Contraloría ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda pero necesaria de corregir, dejando en claro que los discursos de probidad deben sostenerse con hechos y no con insólitas quejas institucionales frente al legítimo derecho de la comunidad a enterarse de cómo se administran sus comunas.

Redacción ZonaZero.cl