El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas fijó para el 31 de julio de 2026, a las 08:30 horas (07:30 Chile Continental), el inicio del juicio oral contra el exalcalde de Puerto Natales, José Fernando Paredes Mansilla, en el marco del denominado “caso Luminarias LED”. La audiencia se extenderá por 15 días y se realizará en las dependencias del tribunal en calle Carrera N° 450.

La sala será presidida por el juez Guillermo Alfredo Cádiz Vatcky, junto a las juezas Rosa Cáceres Julio y Julio Rodrigo Álvarez Toro. El imputado enfrenta cargos por cohecho cometido por empleado público (artículos 248, 248 bis y 249) y violación de secretos (artículos 246, 246 bis, 247 y 247 bis). La fiscalía está a cargo de Paulina Gisela Valdebenito Sanders, mientras que el Consejo de Defensa del Estado actúa como querellante a través del abogado Marcel Villegas Vargas.

Paredes, quien dirigió la Municipalidad de Puerto Natales entre 2008 y 2021, ha manifestado en reiteradas ocasiones su disposición a enfrentar el juicio oral completo. En la reciente audiencia de preparación, rechazó el procedimiento abreviado propuesto por la Fiscalía —que implicaba reconocer los hechos— optando por ir a juicio para demostrar su inocencia. “Siempre he tenido la convicción de que soy inocente”, ha reiterado el exalcalde.

Antecedentes del caso

El caso Luminarias de Itelecom investiga irregularidades en una licitación para la instalación de luminarias LED en Puerto Natales en el marco de una causa mayor que involucró a otros municipios del país. La plana ejecutiva de la empresa destinó más de mil millones de pesos en sobornos, según trascendió.

Según la acusación, Paredes habría incurrido en cohecho y violación de secreto en relación con la empresa Itelecom y funcionarios municipales, como Andrés Matulich Silva (ya condenado por delitos similares). Los hechos se remontan a su gestión y generaron una extensa investigación que incluyó prisión preventiva para el exalcalde en 2023, posteriormente sustituida por arresto domiciliario nocturno, del cual fue liberado en 2025.

Paredes siempre ha defendido que la acusación carece de pruebas concluyentes y que actuó conforme a derecho. Una de sus alternativas preferidas para probar su inocencia ha sido precisamente este juicio oral público, donde podrá exponer su defensa ante los jueces.

La Fiscalía solicita una pena de 10 años y un día de presidio más inhabilitación absoluta para cargos públicos. Sin embargo, observadores y el propio imputado han señalado que el caso de la fiscalía no parece particularmente robusto tras años de investigación, con cambios en el equipo persecutor y cuestionamientos a la solidez de las evidencias.

El juicio se desarrollará de manera presencial, aunque se permite la comparecencia remota de intervinientes, testigos y peritos mediante videoconferencia, siempre que se justifique y no afecte las garantías del debido proceso. Se espera la citación de numerosos testigos y peritos ya individualizados en el auto de apertura.