Ante el debate público en torno a la administración de la Zona Franca de Punta Arenas, la empresa concesionaria Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda. (SRI) emitió una declaración pública en la que hizo un llamado explícito a enfocar las discusiones hacia el desarrollo productivo y futuro de la Región de Magallanes, en lugar de reducir el proceso a controversias sobre gestiones pasadas. La postura de la administradora cobra especial relevancia considerando que la concesión actual tiene como fecha fijada de término el año 2030, momento en que el Estado y las autoridades regionales deberán resolver el modelo a seguir para las próximas décadas.
Desde SRI remarcaron que el contrato vigente, adjudicado en 2008 mediante una licitación pública formulada por el Estado y fiscalizada por la Contraloría General de la República, ha operado bajo un esquema de riesgo totalmente privado, sin aportes fiscales directos y bajo una rigurosa supervisión contable y técnica. En ese sentido, la concesionaria respaldó su balance con antecedentes y cifras operativas: desde el inicio de su gestión, la superficie arrendada en el recinto se multiplicó por más de dos veces hasta llegar a los 223 mil metros cuadrados, mientras que las visitas anuales aumentaron de 3,5 millones a 10,1 millones. Paralelamente, las ventas registradas por los locatarios alcanzaron los 300.000 millones de pesos al cierre de 2025 y la fuerza laboral directa ascendió a 2.775 trabajadores, con un 53% de ocupación femenina.
En materia de aportes financieros a la región, la administradora detalló que el canon de concesión fijado en las bases —equivalente al 28% de los ingresos brutos anuales de la operación— se transfiere directamente al Gobierno Regional de Magallanes a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), habiendo aportado 4.713 millones de pesos durante 2025 y más de 43.500 millones de pesos de forma acumulada desde 2008. A dicho canon se suma el compromiso contractual de reinvertir un 6% de los ingresos brutos en la infraestructura y modernización del propio recinto comercial e industrial.
Con miras al horizonte de 2030, la administradora insistió en la conveniencia de hacer evolucionar el recinto hacia un modelo de "Zona Franca de Servicios", enfocado en atraer industrias de mayor valor agregado y conocimiento, tal como ha ocurrido en otros países de la región. De esta manera, la empresa instó a los actores políticos, sociales y económicos a encarar la etapa que se avecina con visión técnica y altura de miras, asegurando que el destino de la Zona Franca debe responder a las exigencias de modernización e integración que Magallanes requerirá para los próximos cincuenta años.
