El Congreso Nacional aprobó y despachó a ley el proyecto denominado "Ordenemos la Cuenta", iniciativa impulsada por el Ministerio de Energía para saldar las deudas acumuladas con las empresas distribuidoras de electricidad tras los sucesivos congelamientos tarifarios de años anteriores, evitando con ello un fuerte impacto inmediato en los bolsillos de las familias.

De acuerdo con los cálculos del Ejecutivo, si esta norma no hubiese sido aprobada, las facturas eléctricas habrían experimentado incrementos directos de hasta un 20% en distintas regiones del país de forma inmediata.

"No solamente hemos legislado el pagar la deuda —que había que pagarla y que si este proyecto hoy día no se aprobaba se empezaba a cobrar de manera inmediata a todos y todas en nuestro país— sino que lo hemos hecho recogiendo mejoras que eran necesarias (...) también se recoge la posibilidad de extender el subsidio para el próximo año 2027", afirmó la ministra de Energía, Ximena Rincón.

Claves del nuevo marco legal

  1. Mecanismo de prorrateo a largo plazo: La deuda se saldará de forma colectiva entre los años 2028 y 2035, incorporando un recargo aproximado de $5 por kilowatt hora (kWh) en las cuentas mensuales. No obstante, las autoridades señalaron que en 2028 está proyectada una baja general en las tarifas que absorberá este cobro, evitando un alza real para los usuarios.
  2. Extensión del subsidio eléctrico: Las familias pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) mantendrán el beneficio del subsidio estatal hasta el año 2027.
  3. Protección total a electrodependientes: Se eliminó el tope rígido de 150 kWh mensuales que planteaba la iniciativa original, garantizando que el Estado financie el consumo efectivo de energía necesario para el funcionamiento de los equipos médicos de soporte vital.
  4. Prohibición a las distribuidoras: A contar del año 2030, durante los procesos de fijación de tarifas, las empresas no podrán traspasar a las boletas de los clientes los costos derivados de compensaciones e indemnizaciones por cortes de suministro o fallas en el servicio.

¿Cómo impacta en Magallanes?

  1. Protección social directa: Las medidas clave del proyecto —como la extensión del subsidio eléctrico hasta 2027 para los hogares dentro del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares y la cobertura total de consumo para pacientes electrodependientes— son beneficios de carácter nacional que aplican de igual forma en la región.
  2. Prohibición de cobros por fallas: La norma que impide a las distribuidoras traspasar a las boletas de los usuarios las indemnizaciones por cortes de suministro (a partir de 2030) rige para todas las empresas distribuidoras del país, incluida la que opera en la zona (EDELMAG).
  3. Mecanismo de la deuda (Sistemas Medianos): A diferencia del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que abastece desde Arica a Chiloé, Magallanes funciona mediante Sistemas Medianos aislados (Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams). Aunque el grueso de la deuda congelada provenía del sistema interconectado principal, el marco regulatorio del proyecto establece la amortiguación de cobros para evitar alzas desmedidas en la tarifa final de los clientes regulados en todo el territorio nacional.