En un contundente acuerdo político, la Cámara de Diputados aprobó en forma unánime el proyecto de ley que busca modernizar la estructura de Carabineros de Chile. La iniciativa —que contó con 141 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones— contempla importantes incrementos salariales, asignaciones por riesgo, la extensión de la carrera funcionaria y mayores facilidades para el ingreso y profesionalización en la institución.

Tras el amplio respaldo parlamentario, el texto legal regresará al Senado para cumplir su tercer trámite constitucional antes de quedar en condiciones de ser promulgado.

Inyección de recursos y mejoras remuneracionales

Desde el Ejecutivo, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó el avance de la normativa, subrayando un aumento significativo en la cobertura financiera de la propuesta, la que pasó de los $31 mil millones del proyecto original a más de $106 mil millones en la asignación fiscal.

Entre los principales beneficios y modificaciones en materia salarial y de formación profesional destacan:

  1. Incentivos económicos en etapa de formación: Se establece un aumento directo en las asignaciones que perciben los alumnos durante su proceso académico. Asimismo, los funcionarios en su cuarto año de instrucción ("carabineros a prueba") pasarán a percibir una renta equivalente al grado 17 de la escala institucional.
  2. Reconocimiento al riesgo y permanencia: Se fortalecen las asignaciones por riesgo operativo y se modifica el tiempo máximo de permanencia en servicio, permitiendo extender la carrera hasta los 41 años para oficiales y hasta los 38 años para el personal de nombramiento institucional.
  3. Modernización del ingreso: Se modifica la Ley Orgánica Constitucional N° 18.961 para habilitar modalidades extraordinarias de ingreso a profesionales y técnicos. Adicionalmente, se fijan mecanismos que permitirán a las primeras antigüedades egresadas de las escuelas de formación optar de manera expedita a los cursos de oficiales de Orden, Seguridad e Intendencia.

El avance de esta ley resulta clave para fortalecer la dotación y permanencia del personal policial en zonas extremas como la Región de Magallanes, donde la retención de funcionarios y la cobertura en cuarteles fronterizos y urbanos constituye una demanda constante en materia de seguridad.