Hay semanas complejas en política, pero cuando un gobierno no cumple siquiera su primer año de mandato y debe enfrentar un temblor de estas dimensiones, la crisis deja de ser una anécdota comunicacional para convertirse en una falla estructural de diseño. La controversia desatada por la firma de más de medio centenar de decretos que benefician con rebajas de condena a condenados por delitos sexuales contra menores y violaciones a los derechos humanos golpea directamente la línea de flotación de un Ejecutivo que prometió rigurosidad, orden y protección prioritaria a las víctimas.

El verdadero problema, sin embargo, no fue únicamente el impacto inicial de la medida, sino la errática estrategia para justificarla. La defensa del ministro de Justicia, Fernando Rabat, intentando escudarse en el Poder Judicial y apuntando a gestiones anteriores, se transformó en un bumerán cuando la propia jurisprudencia y los fallos del máximo tribunal dieron cuenta de que el criterio del Ministerio no era el único posible ni de aplicación obligatoria. Intentar desligar la responsabilidad sobre actos administrativos que llevan la firma del propio Ejecutivo (y en específico del Presidente José Antonio Kast) solo profundizó la percepción de improvisación y falta de consistencia jurídica.

La decisión informada en las últimas horas de paralizar de golpe la tramitación de estos decretos e ingresar con discusión inmediata reformas legales para cerrar esta vía es un intento desesperado por contener la hemorragia política. Sin embargo, en el balance comunicacional, dar este «pie atrás» bajo el asedio parlamentario y mediático genera un efecto de doble filo, y convalida las críticas transversales de la oposición y de sus propios sectores, al tiempo que proyecta la imagen de un gobierno que reacciona a los empujones de la contingencia y no por convicción estratégica.

Para una administración golpeada en un periodo tan temprano de su gestión, los «dimes y diretes» y la rectificación sobre la marcha abren una grieta profunda en su credibilidad. Cuando la ciudadanía observa que el debate público se consume en apagar incendios generados dentro del propio Palacio, la conclusión que se instala es que el mando político está desorientado. Si La Moneda no logra unificar de inmediato los criterios técnicos de sus ministerios y asumir con transparencia la responsabilidad de sus actos, este episodio no quedará como un tropiezo aislado, sino como una mala marca de su primer año de gobierno.

En este escenario, el costo ya no es únicamente de imagen, sino de gobernabilidad. Cuando el Ministerio de Justicia debe retroceder de emergencia en una decisión de esta envergadura, el mensaje hacia la ciudadanía y hacia el propio Congreso es de una fragilidad alarmante. Al mismo tiempo, la oposición encuentra aquí la munición perfecta para cuestionar el criterio técnico de los equipos de Palacio, mientras que los sectores oficialistas ven cómo se dilapida de golpe el capital político con el que se pretendía encarar la agenda de reformas.

Por otro lado, pretender saldar una falla de criterio administrativo con un trámite legislativo exprés no borra las contradicciones de los últimos días. La prisa por tramitar leyes con discusión inmediata para tapar el flanco abierto deja al descubierto que no existía una mirada estratégica sobre las consecuencias de estos decretos, transformando lo que debió ser una gestión institucional rigurosa en una carrera apresurada por apagar el fuego antes de que la crisis escale a una acusación constitucional o costo político irreversible.

Si La Moneda insiste en administrar los tropiezos mediante explicaciones cruzadas y rectificaciones de última hora, terminará prisionera de sus propias inconsistencias. El gobierno no tiene margen para un segundo hito de esta gravedad en su primer año. Por lo mismo, o impone un mando político claro y asume el costo real de sus actos desde hoy, o aceptará que su gestión quede marcada por la improvisación de una administración que corrige solo cuando el agua le llega al cuello.

Por Mauricio Vidal Guerra. periodista, director Zonazero.