Magallanes es tierra de lana y de mar. El “oro blanco” levantó las grandes fortunas del siglo pasado, y el Estrecho es la puerta más cercana del planeta a los caladeros antárticos. Y sin embargo, un siglo después, seguimos exportando materia prima en bruto o mirando pasar flotas ajenas. La pregunta no es por qué somos pobres en recursos —no lo somos—, sino por qué nunca convertimos la ventaja en industria.

La respuesta es incómoda: Magallanes nunca se gobernó para administrar lo que tenía, ni se organizó para ir a buscar los mercados. No es un problema de herramientas. Es la ausencia de un gestor.

Mírese la lana, y seamos precisos, porque Magallanes sí tuvo industria. En Río Seco funcionó por más de medio siglo la lanera de Standard Wool —levantada a fines de los años sesenta—, que lavaba, cardaba y peinaba lana, procesaba cerca de tres millones de kilos al año y exportaba el 95% de su producción, sobre todo a Europa. Tuvimos la fábrica, el valor agregado y el empleo. Pero en 2020 esa planta dejó de procesar, desplazada por los menores costos de China, y sus máquinas se vendieron y se embarcaron hacia industrias de China y Europa. No es que nunca supiéramos industrializar la lana: la industrializamos y la dejamos morir.

Ahora comparemos con quienes no la dejaron caer. Uruguay exporta hoy el 72% de su lana lavada y peinada, como tops de alto valor —unos 235 de 327 millones de dólares en un año reciente— y es el tercer exportador mundial de lana peinada; lo sostiene desde 1935 una institucionalidad que gobierna el rubro: la Comisión Honoraria de Mejoramiento Ovino y el Secretariado Uruguayo de la Lana, que hacen genética, calidad, extensión y, sobre todo, inteligencia de mercados. Argentina concentró su industria en Trelew, que procesa cerca del 90% de la lana del país. Ellos defendieron la industria; nosotros la embarcamos en cajas.

La diferencia no es el pasto, ni la oveja, ni el clima, ni siquiera la fábrica —que tuvimos—: es que ellos tuvieron un ente que sostuvo la industria y la relación con los mercados, y cuando llegó la competencia global, la defendieron. Magallanes no tuvo quién la defendiera, y terminó vendiendo hasta las máquinas.

El kril cuenta la misma historia, más nítida aún. La pesquería mundial del kril antártico tiene medio siglo —se registran capturas desde 1973— y Magallanes es la base operativa más cercana al Área 48, donde está el recurso. ¿Cuánto pescó Chile? Entre 2011 y 2016, con un solo barco, que en su mejor año representó apenas entre el 2% y el 6% de la captura del área, mientras Noruega, China y Corea se repartían el resto. Medio siglo de oportunidad, una ventaja geográfica regalada, y la enfrentamos con una sola nave. No porque falte el recurso: porque nunca hubo quién lo convirtiera en industria regional.

Y cuando la pesca austral sí quiere hacer base aquí, se topa con el propio Estado: el Servicio de Aduanas trata esas capturas como carga “extranjera” que cuesta internar, en lugar de habilitarla bajo régimen franco. La herramienta para resolverlo —un recinto franco por actividad— existe en la ley desde hace décadas. Nadie la activó.

Se dirá que Magallanes es zona extrema, y que por eso el Estado financia gran parte de las obras que en el resto de Chile hace el privado. Es cierto, y es legítimo: el rol subsidiario del Estado opera, justamente, donde el privado no llega. Pero ahí está el punto que nadie quiere mirar: una zona extrema compite por inversión con menos población y más costo, de modo que necesita más gestión, no menos. Necesita salir a buscar al inversionista, ofrecerle qué instalar, y administrarle las franquicias que ya existen. En vez de eso, discutimos cómo repartir el 28% que recibe el Gobierno Regional. Administramos la escasez; no conquistamos la oportunidad.

La lana, el kril y el mar cuentan exactamente la misma historia. Tuvimos la materia prima. Tuvimos la industria. Tuvimos después las franquicias. Y nunca tuvimos el gestor que uniera la herramienta con el mercado y la defendiera. Uruguay lo llamó SUL. Argentina lo ancló en Trelew. Magallanes todavía no le pone nombre.

Ponérselo —un ente regional que administre las herramientas australes y vaya a competir por los mercados— es la decisión de fondo que esconden las Bases 2030. Lo demás es seguir mirando pasar la flota.

Por Marcelo Agüero Faridoni, director fundador y presidente del Directorio

Fundación Prisma Austral — Observatorio de Ciencias Públicas y Políticas de Magallanes, columnista.