El remezón político provocado por la firma de decretos que concedieron rebajas de condena a condenados por abusos y violaciones a menores escaló a un punto de máxima tensión en La Moneda. Luego de que el Presidente José Antonio Kast admitiera públicamente que "el Estado falló" en la revisión de estos beneficios —aunque ratificando en su cargo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat—, la oposición fijó sus condiciones mínimas para desestimar una inminente Acusación Constitucional contra el secretario de Estado.

En conversación con La Tarde de Bío Bío, el diputado y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, advirtió que la declaración del Mandatario intenta diluir las responsabilidades políticas. "Hay dos responsables con nombre y apellido: José Antonio Kast y Fernando Rabat", aseveró el parlamentario, remarcando que en administraciones anteriores este tipo de decretos fueron rechazados o impugnados judicialmente.

Las tres exigencias de la oposición

Para frenar el libelo acusatorio que ya se redacta en la Cámara de Diputados, el timonel del PPD planteó un ultimátum al Ejecutivo basado en tres acciones concretas:

  1. Remoción del titular de Justicia: La salida inmediata del ministro Fernando Rabat por su responsabilidad directa en la tramitación y firma de los decretos.
  2. Revocación de beneficios: El inicio inmediato de las acciones administrativas y judiciales de nulidad para revocar las rebajas de pena otorgadas.
  3. Disculpas públicas: Una declaración oficial del Gobierno pidiendo perdón a las víctimas de los delitos y transparentando la totalidad de los decretos vigentes (hasta el momento se contabilizan 56 casos, pero no se descarta que la cifra aumente).

Acusación Constitucional a un paso de concretarse

El diputado Soto enfatizó que la Acusación Constitucional es un escenario "altamente probable" si el Ejecutivo insiste en blindar al ministro Rabat.

"Reconocer el error no basta si no se traduce en decisiones drásticas. Quien puede evitar la acusación constitucional es el propio Gobierno, pero para ello debe dar señales concretas", señaló Soto, haciendo un llamado público al Partido de la Gente (PDG) y a sectores moderados de Chile Vamos a sumarse al respaldo de las víctimas y apoyar el juzgamiento político si La Moneda no modifica su postura.

La bancada de oposición mantendrá reuniones durante las próximas horas para coordinar los plazos del libelo y definir el mandato definitivo que se le entregará a La Moneda antes de activar la votación en la Cámara Baja.