Como un predicar en el desierto ha calificado el gobernador regional, Jorge Flies, las conversaciones con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la Dirección de Presupuestos (Dipres). En los pasillos de Teatinos 120, la postura del nivel central parece inamovible frente al reclamo unánime de los gobiernos regionales, configurando un escenario de severa contracción para la economía del extremo austral a contar del próximo año.

Todas las notas y entrevistas de las últimas semanas han apuntado a las cifras que están sobre la mesa y que son elocuentes: la propuesta para el Presupuesto 2027 contempla una rebaja directa de $6.000 millones para Magallanes, lo que representa un recorte del 7,4% respecto a los fondos asignados a comienzos de este año. Sin embargo, al incorporar el factor de la inflación acumulada, el impacto real asciende a una caída del 11% en la capacidad de inversión pública regional.

Entre las partidas más golpeadas destacan las reducciones superiores al 10% en el Fondo de Desarrollo de Magallanes (Fondema) y en el Fondo de Apoyo al Transporte Regional.

La trampa de la proyección a cuatro años

La preocupación de la máxima autoridad regional va más allá del próximo ejercicio contable. El diseño de la Ley de Presupuestos impulsado por la administración del Presidente José Antonio Kast tomará como base de cálculo el techo de 2027 para fijar los desembolsos de los años posteriores.

"Si tú tienes una baja de un 13%, que es más o menos el promedio como gobierno regional, significa tener en cuatro años una rebaja de base de un 50%", explica Flies, apuntando a la falta de visión territorial en la toma de decisiones: "Desde un escritorio en Santiago las autoridades no entienden el rol que juegan los gobernadores. Hoy en la región no hay proyecto que no tenga algún dinero entregado por el Gore".

La caída de recursos obligará al Gobierno Regional a dedicar la mayor parte de sus fondos a financiar las obras que vienen "de arrastre", dejando un margen prácticamente nulo para iniciar nuevas licitaciones o infraestructura social.

Amenaza directa al empleo local y a la infraestructura pública

El freno a la inversión estatal amenaza con desatar un efecto dominó sobre el empleo en una región donde el sector público sustenta cerca del 70% de la inversión total. La menor contratación en el rubro de la construcción e infraestructura impactará de lleno en los índices de dinamismo económico y desempleo local.

A este panorama se suma el riesgo de merma en las asignaciones de los ministerios sectoriales (Salud, Vivienda y Obras Públicas). Al no ser Magallanes una zona afectada por emergencias climáticas recientes, los presupuestos nacionales tienden a priorizar la reconstrucción en el norte y centro del país, amenazando con generar una "tormenta perfecta" para la economía magallánica.

"Si se restringen los valores, lo que vamos a tener son caminos en mal estado o no recuperados", advierte la autoridad, cuestionando el retraso en los procesos de licitación de mantención global: "Ya este año partimos tarde y la pregunta es si el próximo año vamos a ir bicicleteando los procesos para que las globales sean más cortas; estamos hablando de miles de millones".

Presión en el Congreso y exigencia de transparencia ministerial

Frente al portazo de Teatinos 120, la Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechi) formalizó la petición a la Subcomisión de Presupuestos del Congreso para rechazar la partida destinada a los Gobiernos Regionales. Liderazgos regionales afirman contar con respaldo parlamentario transversal para exigir que el Ejecutivo restituya los techos presupuestarios del año en curso.

Junto con el freno al recorte del GORE, Flies exigió transparentar el presupuesto efectivo de las secretarías regionales ministeriales: "Que seamos muy transparentes con el gobierno central respecto de cuál es la distribución de los presupuestos de los ministerios, porque no es solamente el Gobierno Regional".

Con las negociaciones trasladadas a la Comisión Mixta de Presupuestos en Valparaíso, Magallanes entra en semanas decisivas para evitar que el ajuste fiscal de la administración central se traduzca en una parálisis del desarrollo e infraestructura en la Patagonia.