Las familias de Magallanes recibieron una mala noticia para el bolsillo: mientras las cuentas de la luz van a bajar en gran parte del país, en nuestra región volverán a subir. El incremento será de un 2,4%, lo que significa un pago extra por hogar a partir del próximo ajuste tarifario de enero.
En Magallanes, donde el costo de la vida y la canasta básica ya son caros por el clima y la distancia, cualquier alza golpea directamente la economía de los hogares.
La respuesta del por qué pasa esto se repite: Magallanes no está conectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que abastece al resto de Chile. La región funciona con un "sistema aislado" propio que operan las plantas de la Empresa Eléctrica de Magallanes (Edelmag) en la región.
Como el resto del país se conecta a grandes parques solares y eólicos que han bajado sus costos de generación, allá la luz se abarata. En cambio, nuestro sistema independiente depende de costos locales y de mantenimiento que no se benefician de esa baja nacional.
En resumen, vivir desconectados del centro del país nos deja fuera de las rebajas que sí disfrutan otras regiones.
Pero el problema no es solo que la luz suba, sino que el servicio sigue registrando cortes e interrupciones en Punta Arenas.
Esta situación llevó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a fiscalizar a Edelmag y exigir explicaciones sobre sus planes de contingencia. Para la comunidad es difícil de entender y aceptar que se autoricen alzas en la tarifa cuando la luz se corta en medio del invierno o por fallas en la red.
Se necesitan soluciones claras para la región y el Estado no puede tratar el problema eléctrico de Magallanes como si fuera un asunto técnico sin importancia. Así como en su momento se defendió el subsidio al gas, hoy se necesita revisar la ley tarifaria de los sistemas aislados para que el aislamiento no siga siendo un castigo económico.
Magallanes no pide un favor. Lo que exige es que las tarifas sean justas, que el servicio responda sin cortes y que vivir en el extremo sur de Chile no signifique pagar más por los mismos servicios básicos.
La tan mentada soberanía también se refleja en este tipo de decisiones, y los ejemplos de que las promesas y compromisos se los lleva el viento cada vez son más claros y contundentes.
El problema de fondo exige una respuesta política clara: no se puede seguir recibiendo golpes al bolsillo sin que nadie reaccione ni se busquen soluciones concretas. Es hora de que las autoridades nacionales y regionales impulsen una reforma real a las leyes de sistemas aislados, garantizando un subsidio o un mecanismo de equidad tarifaria que equipare las condiciones con el resto del país.
Y sin olvidarse que en menos de dos años el valor de la boleta de la luz ya supera un aumento del 60%, algo sencillamente fuera de toda comprensión y sentido común.
