Hay un punto en que los datos macroeconómicos dejan de ser cifras frías en un informe técnico y se convierten en angustia pura sobre la mesa de comedor. El anuncio del reciente alza de los combustibles —donde las gasolinas de 93 y 97 octanos subieron más de $41 por litro y el diésel experimentó un vertiginoso salto de $91,5— no es una noticia más. Es un duro golpe a la economía familiar en un país que ya viene tambaleándose.

Con este nuevo ajuste, el diésel acumula un incremento alarmante de $400 por litro solo desde fines de julio, acumulando más de $630 de alza si se revisa el balance anual. Por su parte, las bencinas rozan los $184 acumulados en apenas unos meses. Ante este escenario, el gremio de los camioneros ha alzado la voz, amenazando nuevamente con movilizaciones y paralizaciones nacionales. Sin embargo, este malestar pone de manifiesto una profunda y dolorosa inequidad, ya que mientras los grandes gremios del transporte articulan su presión y terminan recibiendo bonos, subsidios focalizados o amortiguadores estatales para no paralizar las rutas, ¿quién rescata al ciudadano común y corriente?

Para la familia de a pie no hay bonos de compensación ni mesas de negociación con el Ejecutivo. Al vecino de a pie le toca “romper el chanchito”, hurgar en los bolsillos ya vacíos y buscar recursos de donde simplemente ya no hay. Se busca cualquier peso extra para seguir cargando el estanque, porque no se trata de un lujo recreativo, se trata de trasladarse al trabajo para no perder el empleo, de llevar a los hijos al colegio, de hacer trámites esenciales o de cuidar a un familiar enfermo. El automóvil para millones de chilenos no es un privilegio de élite, es una herramienta básica de subsistencia cotidiana. La carga se ha vuelto lisa y llanamente insostenible.

Este nuevo "bencinazo" no ocurre en el vacío. Se suma a una seguidilla interminable de azotes al presupuesto de los hogares. El recorte y ajuste en programas sociales que antes servían de contención, la incertidumbre constante y las severas pérdidas que impactan a los fondos de pensiones en las AFP, y una inflación reprimida que rehúsa dar tregua. Da la impresión de que cada vez que la ciudadanía logra tomar un respiro, el sistema económico le propina otro zarpazo directo al bolsillo.

Si esta realidad ya es asfixiante en la zona central del país, en una región como la de Magallanes la situación roza lo crítico. Para los magallánicos, cada alza en el precio del petróleo no es una pequeña variación porcentual, es una reacción en cadena devastadora. Por la condición geográfica y de aislamiento, prácticamente todo lo que se consume en la zona depende del transporte terrestre y marítimo. Cuando sube el diésel, de inmediato, semana a semana, se disparan en góndolas y almacenes los precios de la leche, el pan, la carne, las verduras, los servicios básicos y los pasajes.

El costo de la vida en el extremo sur del país se ha vuelto inalcanzable. Vivir en Magallanes no puede traducirse en una condena al encarecimiento permanente y desproporcionado.

Resulta desconcertante presenciar una política pública que corre a apagar los incendios y las presiones del transporte pesado, mientras condena al resto de la población al abandono financiero. La tensión social y la presión económica sobre cada chileno y chilena han llegado a un límite peligroso. No se puede seguir exprimiendo la capacidad de pago de personas que ya no tienen margen de ahorro ni resguardo.

Es hora de que las autoridades entiendan que la estabilidad de un país no solo se resguarda garantizando el libre tránsito de los camiones en las carreteras, sino también garantizando que las familias comunes no tengan que elegir entre cargar un litro de bencina o llevar el pan a su mesa. La elasticidad del bolsillo del ciudadano común se agotó hace mucho tiempo. Lo que queda hoy es solo indignación y una desesperante falta de respuestas.