Los antecedentes disponibles indican que Magallanes podría volver a asumir los efectos de decisiones presupuestarias adoptadas por el nivel central. Mientras la máxima autoridad regional se traslada para solicitar al ministro de Hacienda una reconsideración del presupuesto asignado, diversos antecedentes sitúan a Magallanes entre las regiones potencialmente más afectadas por los recortes.

Si bien no corresponde anticipar una decisión que aún no ha sido confirmada, la posición del Ministerio de Hacienda parece restrictiva y difícil de modificar. De concretarse un ajuste de esta magnitud, numerosas obras en ejecución podrían enfrentar una situación crítica.

A ello se añaden los despidos masivos ya efectuados por importantes empresas regionales, que han afectado incluso a trabajadores con una extensa trayectoria laboral, como lo venía anunciando la CCHC. Este escenario exige que los principales actores políticos articulen una estrategia común y manifiesten con firmeza su posición ante las autoridades responsables de la administración fiscal. En este contexto, resulta legítimo preguntarse por el alcance efectivo de los compromisos asumidos hace unos días en materia de soberanía y por el reconocimiento de la relevancia estratégica de Magallanes y la Antártica Chilena. Desde que concluí mi labor como consejero regional, he evitado pronunciarme sobre la gestión de quienes actualmente ejercen esa responsabilidad. No obstante, los recortes dispuestos por el Gobierno central en áreas sociales y en los recursos destinados a las regiones obligan a formular una preocupación de fondo: ¿resulta coherente la posición que el Ministerio de Hacienda ha mantenido respecto de nuestra región? Asimismo, cabe preguntarse si el Gobierno Regional y el Consejo no debieran revisar sus decisiones más recientes en materia de inversión. Históricamente,

Magallanes ha destinado recursos regionales a subsanar insuficiencias presupuestarias de ministerios como Vivienda, Salud, Obras Públicas y Transportes, entre otros. En consecuencia, corresponde que el Gobierno Regional represente con claridad y firmeza los intereses de la región ante las autoridades centrales. Recientemente se anunció que el Gobierno Regional cofinanciaría un proyecto de salud de considerable alcance. La iniciativa merece ser reconocida: destinar recursos regionales a la reducción de las listas de espera y a la adquisición de equipamiento médico constituye una medida valorada por la comunidad. Esta colaboración posee, además, una trayectoria consolidada.

Durante años, los convenios entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud han permitido construir hospitales y centros de salud familiar, adquirir equipamiento moderno y desarrollar programas de rehabilitación. Integré esta comisión durante más de 25 años y respaldé de manera permanente esta alianza, pues pude constatar mejoras concretas en la atención de salud de la población de Magallanes. Sin embargo, reconocer el valor de esta colaboración no implica desconocer los desequilibrios que la han caracterizado. En diversas oportunidades, el Ministerio de Salud ha recurrido a estos convenios para cumplir sus propias metas, sin atender de manera suficiente las necesidades regionales.

Por esta razón, sostengo una posición que expresé reiteradamente durante mi permanencia en el Consejo Regional: desde hace más de quince años, esta relación no ha sido equitativa para Magallanes. Magallanes ha aportado al Ministerio de Salud más recursos que cualquier otra región del país; sin embargo, ese esfuerzo no ha recibido una respuesta recíproca del nivel central. Esta situación no es exclusiva del gobierno actual, sino que se ha reiterado durante distintas administraciones.

Cuando la región financia con recursos propios obligaciones que corresponden al nivel central, el Ministerio tiende a reducir sus aportes. Paralelamente, el Gobierno Regional no siempre ha exigido con la firmeza necesaria aquello que corresponde a Magallanes. En numerosas reuniones formulamos estas demandas directamente ante las autoridades de Salud; sin embargo, los compromisos asumidos con frecuencia no se materializaron. Resulta necesario consolidar en un único documento todos los proyectos acordados cuya ejecución permanece pendiente. Más allá de las cifras oficiales, subsisten dificultades relevantes en ámbitos esenciales: Destinar recursos regionales a la reducción de las listas de espera constituye una decisión valiosa. No obstante, cada nuevo esfuerzo de Magallanes debe contar con una contribución clara, proporcional y justa del nivel central. Voy a reiterar que el desequilibrio no se originó durante la gestión de la actual ministra, sino que se ha acumulado a lo largo de sucesivos gobiernos.

En consecuencia, corresponde exigir al nivel central un grado de compromiso equivalente al que Magallanes ha demostrado durante años. Para ello se requieren firmeza, autonomía y una definición inequívoca de las prioridades regionales. Aunque la tarea será compleja, constituye una responsabilidad institucional que no puede ser eludida.

Por Miguel A. Sierpe Gallardo, columnista.