La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se refirió este jueves a la controversia generada tras la entrega, mediante decreto del Ejecutivo, de 56 rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos de abuso sexual y violación de menores de edad. La máxima autoridad del Poder Judicial aclaró que la responsabilidad de dichas medidas recae en el Ministerio de Justicia y que los tribunales no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre estos casos al no haber recibido recursos legales al respecto.

Durante una jornada de reflexión del Poder Judicial, Chevesich explicó que el mecanismo opera a través de una comisión de rebaja de condenas y que, si los afectados no presentan recursos de amparo contra las resoluciones, las cortes de apelaciones y la Corte Suprema quedan imposibilitadas de intervenir o emitir un juicio. "Fue el ministro de Justicia quien ha dictado decretos conforme a las facultades legales que tiene", enfatizó la ministra, añadiendo que la revisión judicial solo es factible cuando se evalúan casos concretos presentados formalmente ante los tribunales.

Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, respaldó las resoluciones señalando que la determinación se adoptó en estricto apego al marco legal vigente y a las garantías fundamentales. La medida ha generado un amplio rechazo parlamentario y de diversos sectores políticos, reactivando el debate sobre los criterios del Ejecutivo para la concesión de beneficios penitenciarios en delitos de alta gravedad.

Acusación constitucional

Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri (PS) anunció que sus equipos jurídicos están estudiando una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena a personas sentenciadas por violación y abuso sexual contra niños.

El parlamentario por la región de Coquimbo tildó de “graves” la decisión adoptada por el Ministerio de Justicia.

“Estamos estudiando una acusación constitucional porque los antecedentes son graves. Hay indicios que apuntan a que se dejaron sin aplicación prohibiciones legales al conceder estos beneficios. Eso compromete la responsabilidad constitucional del ministro Rabat y es lo que están examinando nuestros equipos jurídicos”, afirmó.