El costo de la energía eléctrica en Magallanes ha dejado de ser un mero trámite mensual para transformarse en un dolor de cabeza permanente y una pesada carga para la economía familiar, el comercio local y los presupuestos municipales. En los últimos dos años, la tarifa que cobra la Empresa Eléctrica de Magallanes (Edelmag) ha experimentado un incremento acumulado que alcanza el 62%, una cifra alarmante que reactiva inevitables comparaciones con la crisis del gas de enero de 2011, cuando el desplome de la comunicación institucional y la insensibilidad de los cobros volcaron a miles de magallánicos a las calles.

Frente a la escalada constante y la creciente presión social, en las últimas horas se concretó un encuentro clave entre el ejecutivo de la compañía, Guillermo Rojas —quien asumió la gerencia general de Edelmag en septiembre de 2026—, junto al diputado Carlos Bianchi y el concejal de Punta Arenas, Germán Flores.

La cita, realizada en medio de un clima de malestar transversal, volvió a evidenciar la postura histórica de la distribuidora. Evitar asumir responsabilidades directas en la fijación de las cifras y desviar el origen de las alzas hacia los marcos regulatorios y los organismos centrales.

Desde la representación de Edelmag se reiteró el argumento de que la compañía opera como una entidad estrictamente regulada que no determina de forma autónoma los precios a cliente final. La empresa sostiene que se limita a aplicar las tablas tarifarias definidas por la Comisión Nacional de Energía (CNE), traspasando el peso de los incrementos a factores macroeconómicos ajenos a su gestión, como las variaciones del IPC, el tipo de cambio del dólar y la indexación a los precios internacionales de los combustibles.

Sin embargo, para los usuarios este desligamiento técnico resulta insuficiente. El impacto de la tarifa no solo golpea a los hogares, sino que amenaza la sostenibilidad de sectores vulnerables. El concejal Germán Flores advirtió que adultos mayores con pensiones ajustadas han visto cómo sus cuentas mensuales saltaron de $20.000 a más de $32.000 en el transcurso de este periodo de alzas. La crisis alcanza también las finanzas públicas locales. Por ejemplo, el costo municipal por concepto de alumbrado público en Punta Arenas se disparó de $80 millones a $120 millones mensuales, absorbiendo recursos que debiesen destinarse a otras urgencias comunitarias.

El panorama a corto plazo dista de ser alentador. Lejos de congelarse, las proyecciones confirman un nuevo reajuste programado para iniciar su aplicación a partir de enero, con una subida preliminar estimada entre un 2,4% y un 2,7%. La perspectiva de nuevas alzas en pleno periodo estival incrementa la incertidumbre para la industria, el comercio y las pymes locales, que ven cómo el costo fijo de la energía reduce drásticamente su competitividad.

Tras el encuentro, se acordó iniciar una serie de gestiones formales para transparentar el cálculo de los cobros y abrir una discusión estructural en Santiago. En primer término, se solicitarán formalmente a la administración de Edelmag todos los antecedentes técnicos que fundamentan la magnitud de las alzas aplicadas. En paralelo, las autoridades locales buscarán elevar la discusión ante la Comisión Nacional de Energía para exigir la revisión de un modelo tarifario que hoy ignora las particularidades climáticas, geográficas y operativas de los territorios extremos, impulsando la búsqueda de un mecanismo de indexación especial que devuelva la certeza económica a la región de Magallanes.