Discutir el presupuesto de Magallanes para 2027 es discutir cuántas oportunidades tendrá nuestra región para trabajar, emprender y mejorar sus condiciones de vida. Detrás de cada reducción hay decisiones que pueden traducirse en obras postergadas, empresas con menos contratos y familias con mayor incertidumbre. El proyecto presupuestario contiene señales preocupantes. El cuadro comparativo de la Dirección de Presupuestos muestra una disminución de 6,5% en los recursos de inversión regional más FONDEMA, utilizando su base ajustada de 2026 expresada en pesos de 2027. Dentro de ese conjunto, el FONDEMA cae 21,6%.

Son reducciones que merecen una discusión seria sobre sus consecuencias territoriales. Las cifras deben presentarse con precisión. Existen distintas comparaciones circulando y no corresponde confundir el presupuesto del Gobierno Regional con toda la inversión pública que llega a Magallanes. Pero esa precisión también obliga al Gobierno a explicar qué proyectos podrán continuar, cuáles deberán esperar y cómo se protegerá el empleo asociado a su ejecución.

En nuestra región, la inversión pública cumple una función que va mucho más allá de financiar infraestructura. Una obra contrata trabajadores, demanda transporte, compra materiales y requiere servicios profesionales. Esos ingresos permiten pagar remuneraciones y sostener compras en el comercio local. Cuando ese movimiento disminuye, el efecto puede extenderse desde una empresa constructora hasta un pequeño proveedor o un negocio de barrio.

Por eso resulta insuficiente suponer que la inversión privada reemplazará automáticamente los recursos públicos que se retiren. Las empresas necesitan demanda, infraestructura y condiciones que hagan viables sus proyectos. Un camino, una red sanitaria o una mejora de conectividad también pueden abrir oportunidades para el turismo, la producción y nuevos emprendimientos.

La inversión pública y la privada se relacionan. Debilitar la primera puede reducir las posibilidades de expansión de la segunda, especialmente cuando no existe una cartera privada lista para absorber a los trabajadores y proveedores que pierdan actividad.

La preocupación laboral tiene un contexto concreto. Según el INE, la desocupación regional llegó a 6,9% en el trimestre junio-agosto de 2026, aumentando 0,7 puntos porcentuales en doce meses. La informalidad alcanzó 20,9%. Estas cifras exigen cautela frente a decisiones que puedan debilitar la generación de empleo formal. No es posible atribuir anticipadamente una cantidad determinada de despidos al presupuesto propuesto.

Sí corresponde advertir el riesgo: si disminuyen las obras y no aparecen inversiones que compensen esa menor actividad, podemos enfrentar menos contrataciones, mayor desempleo y menor dinamismo comercial. También existe una consecuencia distributiva.

Una familia con ahorros tiene más herramientas para enfrentar una pérdida de ingresos que un hogar que depende de una remuneración mensual. Una empresa grande puede buscar contratos fuera de la región; un pequeño contratista tiene menos alternativas.

El ajuste puede terminar profundizando desigualdades entre personas, empresas y comunas. Aquí aparece la desconexión con las zonas extremas. Aplicar una reducción desde una planilla nacional sin evaluar las alternativas de cada territorio desconoce cómo funciona su economía. En Magallanes, las distancias, el aislamiento y las condiciones climáticas deben formar parte de la decisión presupuestaria. Postergar una obra puede significar perder una temporada de ejecución y prolongar una necesidad durante otro año.

La responsabilidad fiscal exige cuidar los recursos y mejorar su ejecución. También exige evaluar los costos económicos y sociales de reducirlos. Si existen problemas de gestión, corresponde corregirlos con asistencia técnica, coordinación y seguimiento.

La respuesta debe permitir que los proyectos avancen. Durante esta discusión debemos exigir una cartera transparente de obras financiadas, continuidad para los compromisos en ejecución y una evaluación del impacto sobre el empleo. Nuestros parlamentarios, el Gobierno Regional y el Ejecutivo tienen la responsabilidad de construir esas certezas.

Magallanes necesita inversión privada, diversificación y mayor autonomía económica. Para avanzar hacia ese objetivo requiere infraestructura y continuidad en las decisiones públicas. El presupuesto 2027 debe permitir que las familias encuentren trabajo, que las empresas puedan proyectarse y que las comunas reduzcan sus brechas.

Cuando esas posibilidades se debilitan, el costo del ajuste termina llegando a los hogares. Esa es la consecuencia que el debate nacional debe mirar antes de recortar los recursos de una región extrema.

Por Christian Gallardo Castro, Ingeniero Comercial — Exseremi de Hacienda de Magallanes, columnista.