Hay plataformas digitales del Gobierno en la región que sí entendieron para qué sirve una red social. La Delegación Presidencial Regional mantiene un flujo constante que muestra gestión, fiscalizaciones de terreno y respuesta inmediata a la contingencia. La Seremi de Salud informa, previene, aclara dudas y adapta sus piezas gráficas a la pantalla del celular. Senapred cumple con rigor el rol que exige un territorio de clima extremo: avisar a tiempo. Y la Seremi de Obras Públicas, con reportes puntuales, le muestra al contribuyente en qué se gastan sus impuestos y en qué etapa van los proyectos de infraestructura.

Son el ejemplo vivo de que la herramienta funciona cuando se usa para lo que fue creada. Sin embargo, ese estándar está lejos de ser la regla en el gabinete regional.

El síndrome del espejo

Al otro extremo, un número significativo de cuentas de seremías locales opera bajo la lógica del autoconsumo. El feed de Instagram se transforma en un espejo inútil cuando muestra la foto del seremi en la reunión de pauta, el seremi firmando un convenio con un pendón de fondo, el seremi hablando de un anuncio nacional que nadie se da el trabajo de explicar a la realidad local.

Ahí la plataforma no informa, decora. No hay avances concretos de proyectos, no hay vecinos, no hay calle. Hay una autoridad mirándose al ombligo y un equipo de prensa produciendo contenido diseñado únicamente para que el jefe se vea bien en Santiago. Es una comunicación pensada hacia la jerarquía política y no hacia el ciudadano.

El costo de sostener el "me gusta"

Esta distorsión abre una interrogante incómoda pero urgente y que apunta a la siguiente pregunta ¿Cuánto dinero fiscal se destina en Magallanes a financiar equipos que se limitan a sacar la foto?

Hay sueldos de periodistas, honorarios de diseñadores, contratos y convenios de desempeño asociados a metas de gestión que se dan por cumplidas al subir un número determinado de publicaciones al mes, con independencia de si alguna sirvió para algo.

Cuando el cumplimiento de la meta se mide en posteos y no en problemas resueltos, el incentivo del aparato público es previsible. Es decir, publicar lo que sea, inflar la parrilla de contenidos y justificar la permanencia en el cargo. Mientras tanto, en la sección de comentarios (si es que los hay, o si es que no se han borrado los negativos), las preguntas reales de los vecinos sobre postulaciones, listas de espera, horarios o trámites se acumulan sin respuesta. Se invierte en tener presencia, pero se le huye a la conversación.

Cuentas personales, sesgo de campaña y el dictamen de Contraloría

A este escenario de deficiencia se suma una infracción aún más compleja, y que es el uso persistente de perfiles personales por parte de algunas autoridades para difundir actos propios de la función pública. En Magallanes se ha vuelto habitual que seremis utilicen sus cuentas privadas de Instagram o Facebook como plataforma para mostrar gestión. Eso no es lo permitido.

Esta práctica no es un simple descuido administrativo, sino una vulneración directa a la doctrina fijada por la Contraloría General de la República. El órgano contralor ha sido categórico en sus dictámenes. Las autoridades tienen prohibido utilizar sus redes personales para difundir actividades del servicio cuando estas se realizan con recursos públicos, en horario de trabajo o con apoyo de los equipos de prensa institucionales. Las cuentas del Estado le pertenecen a la institución y deben permanecer al servicio del cargo de forma continua, sin importar quién ocupe el sillón ministerial de turno.

La construcción de la candidatura con dineros de todos

Detrás del empeño por potenciar la marca personal por sobre el canal institucional subyace una lógica electoral latente. Pareciera que algunas autoridades del Ejecutivo local continúan en dinámica de campaña, utilizando el despliegue del gabinete como una plataforma de promoción individual. El objetivo ya no es solo verse bien ante los ministerios en Santiago, sino ir posicionando un rostro con proyección electoral para futuras contiendas en la zona.

Transformar la gestión de un servicio público en una vitrina de figuración personal rompe el principio de probidad y distorsiona el sentido de los fondos públicos. No corresponde que el presupuesto asignado a la comunicación de las seremías se convierta en la caja de resonancia política de una autoridad que aspira a un cargo de elección popular, financiando con dinero de todos los contribuyentes el posicionamiento digital de una candidatura en ciernes.

La frontera de la probidad

Las redes sociales institucionales no le pertenecen a una autoridad ni a un gobierno en particular. Son patrimonio del Estado y se financian con recursos de todos. Su función legal y ética es informar, orientar y resolver; jamás elevar la figura personal del funcionario de turno ni instrumentalizar el servicio con fines de figuración política. Una cuenta pública que se parece más a un perfil personal que a un servicio abre un flanco administrativo directo.

Magallanes tiene una comunidad pequeña, hiperconectada y exigente, que detecta de inmediato la diferencia entre la gestión real y la pose digital.

Las redes públicas de la zona están ante una disyuntiva inevitable. Seguir siendo el espejo donde la autoridad se mira cada mañana o transformarse en la ventana transparente que la ciudadanía exige.