En la gestión pública existen errores por omisión, desprolijidades por falta de competencias y, finalmente, actuaciones que rozan la deshonestidad política y administrativa. Lo revelado este viernes tras las gestiones en Santiago lideradas por los parlamentarios magallánicos Carlos y Karim Bianchi, junto a una delegación de usuarios de la Zona Franca —entre ellos empresarios como Jorge Gootch, Francisco Krebs y Alejandro Sánchez—, apuntan de lleno a algunas de estas categorías.

La reunión sostenida en la Subsecretaría de Hacienda dejó en evidencia un hecho de máxima gravedad para el futuro económico de Magallanes. En el nivel central, donde efectivamente se redactan las bases para la próxima licitación de la concesión de la Zona Franca, no tenían absolutamente ninguna información sobre las mesas de trabajo, conversatorios y supuestas gestiones que en el territorio viene encabezando el Seremi de Hacienda, Manuel José Correa.

Así, sin matices. Ni las opiniones de las fuerzas productivas locales, ni los insumos recopilados en los encuentros regionales, ni el sentir de los gremios o empresarios han cruzado el umbral del Ministerio de Hacienda. Todo el andamiaje participativo que el seremi Correa ha montado en Punta Arenas pareciera ser que no ha sido más que un espejismo local, un relato alejado que no dialoga con el nivel nacional.

¿Un seremi "de adorno" o un actor libre?

La situación resulta insostenible e impresentable por donde se le mire. Si desde la Subsecretaría de Hacienda se confirma que no se le ha encomendado al seremi levantar dicha información y que tampoco han recibido insumo alguno de su parte, cabe preguntarse inevitablemente: ¿Qué está pasando?

Un secretario regional ministerial es, por definición orgánica, el representante del Ejecutivo en la región. Su rol central es canalizar la realidad territorial hacia la toma de decisiones central y desplegar las directrices del gobierno central en el territorio. Sin embargo, Correa parece haber asumido un rol autofabricado, una especie de libreto personal que no reporta a Santiago ni responde a los requerimientos formales que exige un proceso tan crucial como la licitación de la franquicia más importante del extremo sur.

Si el seremi invita, coordina y encabeza conversatorios sobre el futuro de la Zona Franca a título personal o sin la debida articulación con su propia Subsecretaría, la comunidad magallánica está siendo objeto de una ilusionismo institucional preocupante. Se les hace perder el tiempo a los actores locales en diálogos que no van a ninguna parte porque el receptor formal en Santiago sencillamente desconoce su existencia.

Lo que está en juego no es la figura política de un funcionario de Gobierno, si no más bien es el futuro económico de Magallanes para los próximos decenios. La Zona Franca es un motor de desarrollo, empleo e inversión que no admite improvisaciones ni personalismos.

Es extremadamente peligroso que las futuras bases de licitación se estén diseñando en las oficinas de Santiago en completo aislamiento respecto del pulso territorial, no porque los magallánicos no hayan querido opinar, sino porque la autoridad llamada a ser el puente institucional decidió actuar por su cuenta, según lo revelado en dicha reunión.

A la luz de los antecedentes dados a conocer, la gestión local está dejando un saldo amargo de desconfianza, desacoplamiento institucional y riesgo operativo para el desarrollo regional.

Cuando el representante regional opera sin mandato y sin reportar a su superior jerárquico, pasa de ser una autoridad de adorno a convertirse en un factor de riesgo para el propio Gobierno y para toda la región. Magallanes exige respuestas claras, articulación real y autoridades a la altura de un hito tan trascendental como la renovación del corazón comercial e industrial de la Patagonia.