Mediante una respuesta oficial emitida en el marco de la Ley de Transparencia, la Contraloría Regional de Magallanes confirmó que la dirección del Servicio de Salud Magallanes (SSM) solicitó formalmente el retiro de nueve resoluciones afectas que se encontraban en pleno trámite de toma de razón. Los procesos corresponden a sumarios administrativos instruidos contra funcionarios que habrían acudido a casinos de juegos mientras hacían uso de licencias médicas.

De acuerdo con el Oficio N° OF196613/2026, suscrito por el contralor regional Jorge Beamin Rosas, la petición de retiro de las nueve resoluciones fue efectuada por el director (S) del SSM, Ricardo Contreras Faúndez, a través de los oficios N° 2.110 y N° 2.773. En dichos requerimientos, la autoridad sanitaria justificó el retiro de los expedientes señalando que la medida tiene por objeto efectuar una "nueva revisión interna de los antecedentes administrativos y jurídicos que sirvieron de fundamento" a dichos actos, previo a continuar con su tramitación.

El retiro de estos nueve expedientes abre interrogantes en el ámbito administrativo local sobre el alcance de las eventuales modificaciones, sobreseimientos o readecuaciones de sanciones que la autoridad de salud pudiera aplicar tras esta revisión interna. En tanto, el avance de los sumarios restantes dependerá de que el Servicio de Salud Magallanes concluya las etapas procedimentales para que sus resoluciones definitivas vuelvan a ser sometidas a la toma de razón ante el ente de control regional.

Implicancias del retiro

Respecto a las implicancias de esta gestión, fuentes ligadas al ámbito del derecho administrativo señalan que el retiro de resoluciones desde la Contraloría —procedimiento contemplado en la normativa vigente— es una facultad que suelen utilizar los servicios públicos cuando detectan inconsistencias, vicios de forma o fallas en la fundamentación jurídica de un expediente. Si bien el trámite no implica la cancelación definitiva de un sumario ni exime de eventuales responsabilidades, en la práctica suspende el control de legalidad y reabre la posibilidad de que la autoridad instructora recalifique las conductas, ajuste los cargos o incluso modifique las sanciones propuestas inicialmente antes de reingresarlas al ente contralor.

No obstante, el retiro simultáneo de un paquete de nueve expedientes en un caso de alta connotación pública resulta una medida poco habitual que genera atención en el plano institucional. Al no haberse emitido aún un pronunciamiento definitivo por parte de la Contraloría sobre estas resoluciones en particular, el estado procesal de las sanciones queda sujeto a lo que determine la revisión interna del Servicio de Salud Magallanes, cuyos resultados finales deberán ser nuevamente remitidos al órgano fiscalizador para su ratificación final.