Tras dos jornadas de negociaciones en La Moneda, el Gobierno anunció un acuerdo con las confederaciones de camioneros Fuerza del Norte y Centro Sur para poner fin a las movilizaciones por el alza de los combustibles. Sin embargo, el entendimiento —comunicado por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, junto al titular de Hacienda, Jorge Quiroz— establece beneficios asimétricos que favorecen principalmente al transporte de carga y deja fuera de rebajas adicionales a las gasolinas que utiliza el parque automotriz particular.

El detalle: rebaja extra solo para el diésel y retorno al valor previo en bencinas

El pacto contempla un proyecto de ley ingresado con discusión inmediata al Congreso —que el Ejecutivo espera despachar la próxima semana— con dos mecanismos diferenciados según el tipo de combustible:

  1. Gasolinas (Bencinas): No recibirán una rebaja extraordinaria. El proyecto únicamente revertirá la última alza de $39 por litro que comenzó a regir este jueves, por lo que su valor solo regresará al nivel que tenía antes del último incremento.
  2. Petróleo Diésel: Tendrá una disminución total de $142 por litro. Esta cifra se compone de la reversión de la última alza de $42, sumada a una rebaja adicional y exclusiva de $100 por litro destinada a contener los costos del transporte de carga.
  3. Techo de precios hasta marzo de 2027: Ambos combustibles quedarán sujetos a una suspensión de nuevas alzas hasta el 31 de marzo de 2027. Según explicó Alvarado, si los indicadores internacionales marcan tendencias a la baja durante ese periodo, dichas disminuciones sí se traspasarán a los consumidores.

Adicionalmente, el acuerdo incorpora beneficios exclusivos para el rubro transportista, entre ellos el aumento en los tramos de recuperación del impuesto específico al diésel (que pasarán a ser de un 50%, 65% y hasta un 90% según la facturación anual en UF) y el incremento del reintegro de peajes para buses interurbanos, que subirá de un 35% a un 70%.

Rechazo de otras agrupaciones y malestar por falta de soluciones ciudadanas

Pese a que el Gobierno dio por superado el conflicto señalando que "Chile necesita la normalidad para seguir creciendo", el pacto no logró consenso transversal y generó fuertes críticas entre organizaciones que quedaron marginadas de los beneficios directos, así como entre conductores particulares, transportistas independientes y diversos sectores ciudadanos que cuestionan que el alivio real se concentre en el gremio camionero.

En esa línea, tras fracasar una reunión paralela en la Delegación Presidencial Metropolitana con Germán Codina, el vocero del movimiento "No + TAG", Andrés Alarcón —quien participó junto a dirigentes de gremios movilizados en la capital—, rechazó el acuerdo y acusó al Ejecutivo de actuar con "clasismo" al negociar por separado con las grandes cúpulas del transporte.

“Lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo. El gobierno no está ofreciendo nada con respecto a lo que nosotros estamos proponiendo”, afirmó Alarcón, advirtiendo que las movilizaciones continuarán en la Región Metropolitana: “Al frente de La Moneda tienen a (Sergio) Pérez y a (Juan) Araya y a los demás dirigentes separados para buscar soluciones solamente para ellos. Nosotros estamos buscando soluciones para la ciudadanía. Santiago va a seguir paralizado”, sentenció.Negociaciones paralelas con grandes cúpulas y llamado a despejar rutas

A este escenario se suma la postura de los grandes gremios tradicionales del transporte —la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional de Transportistas de Carga (CNTC)—, cuyos dirigentes, Juan Araya y Sergio Pérez, sostuvieron reuniones paralelas en La Moneda con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Aunque estas agrupaciones no formaban parte activa de los bloqueos de rutas, participaron en la definición de las compensaciones tributarias y peajes, lo que acentuó las críticas de los transportistas independientes, conductores de taxis, colectivos y usuarios particulares, quienes consideran que las negociaciones privilegiaron a las grandes cúpulas por sobre el bolsillo de la ciudadanía.

Por su parte, desde el Ejecutivo hicieron un llamado a despejar las carreteras y restablecer el tránsito a nivel nacional, asegurando que las puertas de las delegaciones regionales seguirán abiertas para dialogar con los sectores disidentes. No obstante, con el anuncio de continuidad de las protestas en Santiago por parte de "No + TAG" y la tramitación legislativa recién ingresada al Congreso —donde el proyecto deberá sortear su discusión inmediata a partir de la próxima semana—, la normalización total del transporte y el abastecimiento en el país sigue sujeta a la evolución de los bloqueos en las próximas horas.