La inminente apertura del primer corredor marítimo regular entre Punta Arenas y Malvinas/Falkland cruzó de lleno el plano del comercio privado para instalarse en el centro de la agenda diplomática del Cono Sur. Con el zarpe del mercante de bandera chilena Danstar hacia la Región de Magallanes para completar sus preparativos en astilleros antes de emprender rumbo al archipiélago, el ministro del ramo salió a fijar una postura firme que apunta a que la travesía cuenta con el blindaje de los tratados internacionales de libre navegación y se desarrollará bajo el amparo estricto del derecho marítimo vigente.

El respaldo expresado por Francisco Pérez Mackenna, busca desactivar las presiones procedentes de Buenos Aires, donde tras transcendidos sobre eventuales intenciones de interceptar, escoltar o multar a la nave por parte de la Prefectura Naval Argentina, el conflicto escaló a nivel de cancillerías. Frente a este escenario, la posición chilena ha sido categórica: el paso por el Estrecho de Magallanes y las aguas internacionales del Atlántico Sur está resguardado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y los acuerdos bilaterales de libre tránsito.

Una ruta estratégica de 900 kilómetros

Operado por la naviera Easter Island Logistics, el Danstar —un carguero de 1.389 toneladas— proyecta unir Punta Arenas con el archipiélago en un trayecto de aproximadamente 900 kilómetros que demandará dos días y medio de navegación. La operación recortará a más de la mitad la distancia del actual esquema de abastecimiento marítimo que opera desde Montevideo (a más de 2.000 kilómetros), permitiendo enviar alimentos frescos, productos lácteos, gas licuado, insumos de construcción y maquinaria a la población de las islas.

Desde la perspectiva magallánica, la consolidación de este servicio comercial regular no solo refuerza la condición de Punta Arenas como el principal nodo logístico de la Patagonia austral, sino que abre proyecciones de intercambio privado que podrían superar los 20 millones de dólares anuales.

Certeza jurídica y el rechazo a presiones trasandinas

El pronunciamiento de Cancillería responde también a las gestiones e inquietudes planteadas por parlamentarios y autoridades de la Región de Magallanes, quienes exigieron garantías de soberanía e integridad para la tripulación y el patrimonio de la nave nacional frente a las advertencias de sectores políticos de la provincia de Tierra del Fuego.

En el plano diplomático, analistas señalan la paradoja de que se pretenda cuestionar un intercambio comercial legítimo desde un puerto chileno, mientras se tolera de forma habitual el flujo marítimo que sostiene el puerto de Montevideo. Al apelar al estricto cumplimiento de la CONVEMAR y al carácter estrictamente civil del contrato comercial, el Gobierno chileno dejó en claro que no aceptará interferencias injustificadas en rutas internacionales.

Con la nave aproximándose a las aguas del Estrecho para ultimar los detalles de su travesía inaugural, la diplomacia chilena ha marcado la cancha. La libre navegación en el extremo austral no está sujeta a condicionamientos geopolíticos y cuenta con el respaldo irrestricto del Estado.