El Ejecutivo suspendió a partir de la próxima semana el alza prevista por ENAP para este jueves y fijó los valores por tres meses. Sin embargo, las movilizaciones se mantienen en las rutas a la espera de la votación de las bases, mientras desde el Interior advierten con aplicar la Ley de Seguridad del Estado si persisten los bloqueos.

En un giro clave para destrabar la crisis del transporte, el Gobierno anunció oficialmente el congelamiento de los precios de los combustibles hasta febrero de 2027. La medida busca frenar el impacto del costo de la vida y dar respuesta a la principal demanda gremial. Junto con ello, La Moneda confirmó que se revierte la subida programada para este jueves por ENAP —que preveía un incremento de $41,9 en el diésel y $38,7 en las bencinas—, dejando sin efecto el ajuste en los surtidores en siete días más.

A pesar del anuncio, el paro de camioneros continúa activo en las carreteras del país. La dirigencia de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte explicó que, si bien existen "buenas intenciones" y acercamientos sustanciales tras las reuniones en el Palacio de La Moneda con el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, la paralización se mantendrá hasta que las propuestas sean formalmente evaluadas y ratificadas por las bases regionales del gremio.

Exigencias gremiales y giro del Ejecutivo

La decisión del Gobierno da respuesta a una de las exigencias centrales del sector, que solicitaba frenar el incremento del diésel para estabilizar sus costos operacionales.

"Hasta el momento no hay ningún acuerdo. Hay buenas intenciones, pero no tenemos un acuerdo. Las propuestas del Ejecutivo deberán ser evaluadas por las bases del gremio".
— Cristián Sandoval, Presidente de la Confederación Fuerza del Norte.

La determinación representa un giro táctico relevante por parte de La Moneda, que en las horas previas había retirado del Congreso el proyecto de ley que planteaba una contención más acotada de $20 por litro por 90 días. La magnitud del anuncio responde a la urgencia de evitar un desabastecimiento mayor en la cadena logística del país y llegar a un punto de encuentro con los transportistas.

Advertencia del Ejecutivo y uso de herramientas legales

Junto con el anuncio económico, el Gobierno fijó una postura estricta respecto al mantenimiento del orden público y el libre tránsito. Las autoridades advirtieron que, si bien la prioridad ha sido el diálogo pactado, se utilizarán todas las herramientas jurídicas disponibles —incluyendo la Ley de Seguridad del Estado— si las movilizaciones degeneran en bloqueos carreteros que impidan la libre circulación o amenacen el abastecimiento.

Por su parte, los dirigentes de los transportistas tomaron nota de las advertencias del Ejecutivo, pero remarcaron que su intención es lograr un cierre acordado. Se espera que durante las próximas horas concluyan las consultas internas en los distintos puntos de protesta para definir el levantamiento gradual de las bermas y el restablecimiento total del tránsito en las rutas nacionales.