El frío austral de mediados de 2026 no solo congeló las calles de Punta Arenas; trajo consigo una de las tormentas políticas más desgastantes y demoledoras que se recuerden para la derecha en Magallanes. En cuestión de semanas, las dos máximas caras parlamentarias del sector en la zona (el diputado republicano Alejandro Riquelme Ducci y el senador independiente (cupo RN) Alejandro Kusanovic Glusevic) pasaron de liderar la fiscalización regional a transformarse en los protagonistas de portadas nacionales por graves cuestionamientos éticos, omisiones patrimoniales y querellas criminales por fraude al fisco.

Para un sector político que ha cimentado gran parte de su relato reciente en la probidad administrativa y el resguardo de los recursos públicos, el panorama actual en la región es crítico y mantiene a muchos cercanos al sector exigiendo explicaciones urgentes.

El terremoto más violento lo ha enfrentado el diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme. Todo comenzó a principios de mayo, cuando alarmas levantadas por los propios funcionarios del SERVIU Magallanes destaparon un presunto esquema de asignaciones irregulares de subsidios del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S. 49), un beneficio estatal destinado estrictamente al 40% más vulnerable de la población.

La bomba estalló, y posteriormente el abogado Robinson Quelín formalizó una querella criminal por fraude al fisco ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas en contra de Riquelme y del exdirector regional del organismo, Dubalio Pérez. El libelo apunta a un mecanismo de “reemplazo invertido” donde se saltaron las listas de espera de comités de vivienda vulnerables para beneficiar a personas directamente ligadas a las autoridades.

Según los informes del SERVIU que sustentan la querella, una de las beneficiadas fue Susan Chicuy Godoy, quien mantiene una relación de convivencia de 18 años y tres hijos en común con el diputado Riquelme. Al postular, se omitió este vínculo y se declaró una vulnerabilidad habitacional ficticia. En paralelo, sociedades comerciales compartidas por la pareja facturaron más de $1.096 millones en órdenes de compra con el Estado, registrando montos millonarios el mismo año en que se le adjudicó la vivienda social, la cual le fue entregada físicamente a fines de 2023.

A este escándalo penal se sumaron los flancos financieros del parlamentario. A finales de mayo se reveló que su declaración de patrimonio omitió un total de 17 lotes pertenecientes a su inmobiliaria. Para mayor gravedad ante la opinión pública, dichos terrenos arrastran una deuda morosa que asciende a varios millones en la Tesorería General de la República. La inconsistencia patrimonial levantó una ola de críticas transversales, forzando a la oposición y a los partidos de la zona a exigir explicaciones inmediatas a la directiva republicana por amparar situaciones que colisionan con el estándar de transparencia exigido por la ciudadanía. Pero esa respuesta nunca llegó. La presión ciudadana ha sido de tal magnitud, que incluso Riquelme ha debido borrar cientos de comentarios en sus redes sociales, e incluso ha debido limitar que se comente en sus publicaciones.

El “secreto de pasillo” en el Senado: El blindaje a Kusanovic
Mientras el foco mediático quemaba a los republicanos, un segundo frente se abrió el 4 de junio de 2026 en la Cámara Alta, golpeando al senador Alejandro Kusanovic. Un reportaje del diario La Segunda sacó a la luz pública una grave denuncia por la denominada “mascada” o “cuota” legislativa, que había sido tramitada y desestimada bajo el más estricto silencio administrativo dentro del Congreso Nacional.

La acusación fue interpuesta por Rodrigo Gutiérrez Soto, exsecretario encargado de la oficina parlamentaria de Kusanovic en Puerto Natales entre 2022 y 2025. El exfuncionario, quien también ingresó una demanda por despido injustificado, denunció la existencia de un supuesto sistema de devolución forzada de parte de sus remuneraciones.

El presunto modus operandi, de acuerdo con los antecedentes del caso, operaba mediante depósitos obligatorios que el trabajador debía realizar desde su propio sueldo (dinero proveniente de las asignaciones públicas del Estado). Las platas habrían sido trianguladas hacia terceras personas: Una de ellas ligada a una radio local de Natales que funcionaría en el mismo lugar de la oficina del senador, y otra periodista vinculada a un medio de comunicación de cobertura regional con histórica oficina en Punta Arenas. Durante el fin de semana ha circulado una copia de la denuncia hecha por el abogado Carlos Abarzúa, con todos los nombres involucrados y denunciados, pero nadie se ha atrevido a confirmar si es exactamente la misma que ingresó al Senado (a lo menos extraño).

La polémica escaló a nivel ético debido a la forma en que se sepultó la denuncia el 10 de marzo de 2026. El dictamen que la declaró inadmisible llevó la firma del senador Carlos Kuschel, entonces presidente de la Comisión de Ética. El problema radica en que Kuschel y Kusanovic no solo son aliados políticos, sino que comparten físicamente oficinas y el mismo equipo de secretarias en Valparaíso, lo que encendió suspicacias inmediatas sobre un presunto conflicto de interés y un “blindaje entre amigos” en los pasillos del Senado. Mientras Kusanovic se desmarca asegurando que la Corporación del Senado ejecutó el despido y que “no sabe nada”, el caso presiona un flanco judicial obligatorio, donde los antecedentes éticos apuntan a una posible malversación de caudales públicos que debiera ser revisada por el Ministerio Público.

De cara al futuro: El costo político y el desencanto ciudadano
Las repercusiones de estas desgastantes semanas recién comienzan a evaluarse, pero el daño reputacional ya está hecho. La opinión pública regional y nacional ha manifestado un profundo rechazo, resentida especialmente por el contraste entre los discursos públicos y las acciones privadas. Por un lado, el acceso irregular a subsidios de vivienda social en una región con un severo déficit habitacional; por el otro, el supuesto uso de asignaciones parlamentarias para financiar operadores mediáticos.

De aquí en más, el escenario se avizora complejo para las fuerzas de derecha en Magallanes. Primero porque el sector ha ido perdiendo claramente esa supuesta “superioridad moral” para liderar fiscalizaciones, hasta que no se aclaren completamente sus respectivos escenarios denunciados.

Y al mismo tiempo, con la querella del “Caso Serviu” ya radicada en manos de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y la Fiscalía Regional, los meses venideros estarán marcados por citaciones a declarar e incautaciones de documentos.
El sector está golpeado, aunque se intente salir públicamente como si nada hubiera pasado… Pero pasó.

Y además, para muchos no es fácil el deber asumir el costo político de defender hoy por hoy a liderazgos fuertemente cuestionados por la base social.

Redacción ZonaZero.cl