Nuevos antecedentes revelan que la sociedad Magallania Capacitación Limitada modificó recientemente su propiedad en favor del hijo de la pareja del parlamentario. La firma acumuló millonarias facturaciones estatales mientras este ejercía como consejero regional, abriendo un complejo debate sobre los límites de la probidad y el uso de fondos públicos en Magallanes.
Una profunda reestructuración de propiedad ha tenido lugar en el epicentro de uno de los casos de fiscalización pública más complejos de la Región de Magallanes. Documentos de registro comercial revelan que la empresa Magallania Capacitación Limitada, sociedad históricamente ligada al actual diputado Alejandro Riquelme Ducci y a su pareja, Susan Chicuy Godoy, modificó de forma radical su composición societaria, traspasando el 99% de su propiedad a Matías Nicolás Anjarí Chicuy, hijo de la propia pareja del legislador.
El movimiento comercial -que deja a Matías Anjarí con el control casi absoluto de la firma ($990.000 pesos de capital) y a Susan Chicuy con el 1% restante ($10.000 pesos)— se concreta en medio de duros cuestionamientos públicos. Según consta en las investigaciones de ZonaZero, la sociedad facturó al Estado la suma de $2.443.415.702 pesos a través del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) entre los años 2020 y 2025, periodo que coincide directamente con el tiempo en que Riquelme ejerció funciones como Consejero Regional (CORE) en Magallanes.
El millonario flujo como Agente Operador
De acuerdo con los antecedentes recopilados, Magallania Capacitación Limitada no obtuvo estos millonarios fondos en calidad de beneficiario directo de subsidios, sino operando bajo la figura de Agente Operador Intermediario (AOI) de SERCOTEC en la zona.
En la práctica, la empresa funcionaba como el "cajero técnico" encargado de administrar, evaluar y repartir fondos públicos de fomento productivo destinados a las Pymes locales, cobrando al Estado un porcentaje por concepto de gastos de administración y gestión operativa. El flanco crítico del asunto radica en el origen de las platas. Una parte sustancial de los programas ejecutados por SERCOTEC en Magallanes no provienen exclusivamente de presupuestos sectoriales fijados en Santiago, sino de convenios de transferencia directa aprobados por el propio Gobierno Regional (GORE) mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
¿Qué dice la ley? El límite de la inhabilitación
El caso sitúa al exconsejero regional en una delgada línea interpretativa respecto a la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (Nº 19.175):
1. La Inhabilidad Directa: La normativa sanciona con la pérdida del cargo al CORE que mantenga contratos vigentes superiores a 200 UTM directamente con el Gobierno Regional. Al realizarse la triangulación a través de un servicio externo descentralizado como SERCOTEC, la prohibición automática no se activa en el papel de manera literal.
2. El Deber de Abstención: El artículo 35 de la misma ley prohíbe taxativamente a las autoridades participar en discusiones o votaciones de materias donde tengan interés pecuniario directo o indirecto. En este sentido, la defensa política habitual se ampara en que el entonces consejero se habría abstenido formalmente en el pleno al momento de votarse los marcos presupuestarios globales del GORE hacia SERCOTEC.
Sin embargo, para expertos en derecho administrativo y probidad, este argumento resulta insuficiente. La jurisprudencia de la Contraloría General de la República ha establecido de forma sistemática que el principio de probidad (contenido en la Ley Nº 18.575) exige un estándar muy superior. Formar parte del cuerpo político que aprueba e inyecta recursos financieros a un servicio público para que luego esos mismos fondos terminen alimentando las arcas y las comisiones de una empresa familiar configura un conflicto de interés estructural que va más allá de la mera acción de inhabilitarse durante la discusión o votación.
El flanco familiar: El traspaso a Matías Anjarí Chicuy
El reciente vuelco en la propiedad de Magallania Capacitación Limitada abre una nueva arista en la trama. De acuerdo con los registros cruzados por este medio, Matías Nicolás Anjarí Chicuy es hijo directo de Susan Liliana Chicuy Godoy, conviviente y pareja formal del diputado Riquelme, con quien comparte además tres hijos en común.
Este traspaso de propiedad, lejos de disipar las dudas, ha encendido las alertas fiscalizadoras. En el ámbito de la fiscalización penal e institucional, la transferencia de activos o sociedades cuestionadas a parientes o vínculos afectivos directos ("coindirectos") suele ser interpretada como una maniobra destinada a diluir la exposición pública del parlamentario y sortear eventuales restricciones legales de contratación con el Estado en futuras licitaciones.
Con los antecedentes sobre la mesa, la trama judicial, financiera y política que rodea a la firma operadora de SERCOTEC en Magallanes sigue sumando nudos críticos.
