En medio de la vorágine diaria: ¿Qué deja la Cuenta Pública? [Por Miguel Sierpe Gallardo]
Tras la cuenta pública que exige la ley, cabría esperar señales concretas que orienten la acción del Gobierno hacia el cumplimiento de los compromisos asumidos en campaña. En materia de seguridad, sin embargo, los días previos al cambio de ministros estuvieron marcados por problemas, reacomodos y escasos resultados visibles.
En ese contexto, es justo reconocer que el ministro Arrau ha dado muestras de una conducción más consistente. Su gestión parece corregir el error del nombramiento inicial y responder con la firmeza que exige la gravedad de los hechos delictivos. Ha retomado el plan de seguridad del gobierno anterior, lo ha reconocido como una base suficiente para actuar y ha optado por trabajar sobre ese marco. Además, se ha reunido con el exministro de Seguridad Pública y ha impulsado medidas concretas, lo que refleja una actitud más adecuada frente a la crisis.
En medio de este escenario, ha surgido con fuerza un hecho particularmente grave: la penetración delictual del Tren de Aragua en el corazón del sistema bancario. Una investigación desarrollada durante dos años por la fiscalía y la policía civil destapó una operación de lavado de dinero cercana a los $75.000.000.000, con conexiones en diversas entidades de la banca nacional. Lo más inquietante es que, en medio de este escándalo y con todos los antecedentes ya conocidos, el Senado debatía precisamente la apertura del secreto bancario. Pese a la magnitud del caso, la coalición oficialista votó en contra del proyecto, dejando la votación empatada a 23 votos y, con ello, suspendiendo el avance de la iniciativa. En estas circunstancias, cuesta entender la resistencia a una medida que, a la luz de los hechos, parece más necesaria que nunca. La pregunta surge de manera inevitable: ¿qué justifica esta negativa?, ¿a quién o a qué se busca proteger? Los acontecimientos han dejado en evidencia que el sistema financiero nacional ha sido utilizado por mafias internacionales para el lavado de activos. Por eso, la postura del oficialismo resulta no solo desconcertante, sino también difícil de defender con argumentos convincentes.
Otro tema central en la discusión actual es la reforma tributaria que el Gobierno presentó al Congreso bajo la denominación de “Plan de Reconstrucción”. Más allá de las explicaciones oficiales, da la impresión de que la administración de José Kast está decidida a imponer su propuesta aun cuando deba hacerlo por un margen mínimo. No se observan señales claras de una disposición real al diálogo ni de apertura para debatir en profundidad las indicaciones que podrían mejorar la iniciativa. Si bien algunas de sus ideas parecen razonables y bien encaminadas, varias requieren un análisis más fino, porque no todas las afirmaciones contenidas en el proyecto resisten del mismo modo una revisión rigurosa.
Existen matices que podrían reunir un respaldo transversal. Sin embargo, insistir en una lógica de todo o nada, transmite una señal de prepotencia, sectarismo y arbitrariedad. A mi juicio, ese no es el camino. Lamentablemente, quienes toman las decisiones en la administración parecen no dimensionar el daño que podría causar al país la imposición de una reforma aprobada apenas con cerca del 50% de respaldo en el Senado. Para cualquier inversionista extranjero, una legislación nacida en esas condiciones sería vista con cautela, precisamente por su fragilidad y escasa estabilidad política.
Miguel Sierpe Gallardo, columnista.
