Hace varios meses, a partir de reportes científicos, los matinales y diversos medios de comunicación nos alertaban sobre la posibilidad de un súper Niño este 2026, el más grande desde 1870. La NOAA elevó a un 82% la probabilidad de que el fenómeno se desarrolle entre mayo y julio de este año, manteniéndose activo hasta comienzos de 2027. Los expertos, además, advierten que El Niño puede verse intensificado por el cambio climático, y que por eso sus expresiones podrían ser más frecuentes y fuertes que antes.

La lógica dice que no hace falta esperar que se exprese el clima para hacer algo. El actual frente de mal tiempo que golpeó Chile estos días ha mostrado, una vez más, los estragos que deja la falta de planificación: ciudades inundadas, poblados y personas aisladas, infraestructura dañada, cortes de luz y agua prolongados, casas destruidas y techumbres dañadas y muchas familias completas debieron ser evacuadas o pasar la noche en riesgo y frio en pleno invierno. La indignación de las familias no es algo particular ya que, para los adultos mayores, para quienes dependen de equipos médicos eléctricos y para las familias de escasos recursos, cada temporal de estas características es una amenaza directa a su seguridad, bienestar y su salud. Los eventos de mal tiempo extremo encuentran a un gobierno reaccionando sobre la marcha, sin preparación y sin protocolos robustos ni infraestructura preparada para resistirlos. Se improvisa y se llega tarde.

Lo más grave es que nadie puede alegar sorpresa. La ciencia y los propios medios de comunicación advirtieron, con al menos cinco días de anticipación este frente, la magnitud del evento y sus posibles consecuencias. Los pronósticos estaban disponibles, la información circulaba y el margen para prepararse existió. Pese a eso, la respuesta institucional volvió a ser la de un gobierno amateur, que reacciona cuando el daño ya está hecho y no de acuerdo a la magnitud real de la emergencia. En días de catástrofe hubo más preocupación por aprobar la megarreforma que rebaja impuestos a los más ricos y, al principio, los ministros llegaron a terreno sólo por la foto. Se activan las mesas de coordinación después del corte de luz, no antes; se anuncian ayudas cuando la familia ya pasó la noche a oscuras, no cuando el pronóstico lo anticipaba. Chile es el país más expuesto al cambio climático y sin embargo su infraestructura sigue sin adaptarse a la resiliencia que se exige, y sus gobiernos, nacional y regional, no logran adoptar protocolos adecuados para enfrentar emergencias climáticas antes de que ocurran. Este no es sólo un problema climático o de la naturaleza, es más bien un problema de planificación y estructural.

Esta emergencia es una buena oportunidad para evaluar cómo nos pilla esta crisis climática y cuánto de lo prometido aún está sin cumplir. Porque da la impresión que hemos sido muy buenos para la foto y el comunicado de prensa fácil, pero remolones en concretar medidas. Por ejemplo, analicemos Magallanes y el actual Niño. A diferencia del centro-sur de Chile, El Niño no trae lluvias sino sequía. El cambio climático intensifica ese efecto: sequías más prolongadas y mayor riesgo de incendios. Para Magallanes, el súper Niño vendría a empeorar lo que ya tenemos y lo que ya tenemos es grave. La región ha aumentado sus temperaturas máximas en los últimos 50 años, y existe alta probabilidad de que ese aumento se duplique en las próximas décadas. Son datos que las autoridades conocen, citan en sus presentaciones y usan para justificar talleres, pero que no han logrado traducirse en medidas concretas. El déficit hídrico crecerá de 210 a 340 milímetros alrededor de Punta Arenas en treinta años. En la zona norte, donde ya existe un déficit de 430 milímetros, la cifra subirá a 470 hacia 2050. Sin embargo, no hay una sola obra de infraestructura hídrica que pueda citarse como respuesta institucional a esos números. En enero de 2023, el Ministerio de Agricultura declaró la primera emergencia agrícola por déficit hídrico en la historia de Magallanes. La declaración generó su propia ronda de fotos y compromisos; sin embargo, tres años después, los campos siguen sin sistemas de riego, sin pozos suficientes, sin cultivos alternativos. Los glaciares retroceden aceleradamente, razón por la cual la comuna de Torres del Paine tuvo que lanzar su propia emergencia climática en 2025, sin esperar que alguien más actuara primero.

La secuencia institucional de los últimos cinco años es elocuente. En agosto de 2021, el gobernador declaró Estado de Emergencia Climática, el primero en Chile. Foto histórica, titulares nacionales. Le siguieron diálogos con autoridades internacionales, catorce talleres participativos en 2023 y, en abril de 2024, el CORECC aprobó por unanimidad el inicio formal del Plan de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC). Otra sesión solemne, otro comunicado, otra promesa. El archivo fotográfico de la gestión climática regional es extenso e impecable; sin embargo, el registro de medidas implementadas sigue vacío. Mucho ruido y pocas nueces. A modo de comparación, destacar que Ñuble tenía dieciséis medidas concretas ejecutándose en febrero de 2026. Aysén tiene su plan operando desde abril de 2025. Ambas regiones avanzaron con menos ceremonias y más trabajo. Magallanes, la que llegó primera a declarar la emergencia, la que tiene los datos más alarmantes, sigue sin nada tangible que mostrar más allá de las actas de sus reuniones.

El súper Niño no va a preguntar si el PARCC está en consulta ciudadana. Lo que se necesita es aprobarlo con medidas reales y financiamiento concreto, construir infraestructura hídrica, proteger cuencas, apoyar a los ganaderos y agricultores y regular la pesca. También se necesita avanzar en instrumentos más específicos, como un reglamento de uso de aguas grises en terrenos de montaña, que permita reutilizar el escaso recurso hídrico en las zonas cordilleranas donde la sequía y el turismo de intereses especiales presionan cada vez más el sistema. Se necesita, con la misma urgencia, la reconversión de la matriz energética de Magallanes. Son propuestas que llevan años sobre la mesa, precisamente porque nadie las ejecuta.

Punta Arenas tiene ciencia, tiene datos, tiene comunidades que ya sienten el cambio en su trabajo diario. Lo único que falta es que quienes tienen el poder de decidir estén a la altura de lo que la región necesita. Cada invierno con menos nieve, cada temporada con el pasto más débil, cada año que los glaciares retroceden, es tiempo que no vuelve. La pregunta ya no es si el clima está cambiando. La pregunta es cuándo vamos a dejar de declararlo frente a una cámara y empezar a enfrentarlo de verdad. Los termómetros no mienten.