Un duro diagnóstico sobre los efectos locales que provocaría la propuesta de reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo —denominada coloquialmente como la "Megarreforma"— manifestaron los concejales de Punta Arenas Jonathan Cárcamo, Dalivor Eterovic, Jorge Risco y José Becerra. A través de una declaración pública, los ediles advirtieron que el proyecto pone en grave riesgo la estabilidad financiera del municipio y la calidad de los servicios sociales que se entregan a los vecinos de la capital regional.
Aunque los firmantes respaldan la idea de alivianar la carga económica de los adultos mayores de 65 años mediante la exención del 100% del Impuesto Territorial (contribuciones) en sus viviendas principales, sostienen que el diseño del proyecto genera un "inminente riesgo de desfinanciamiento local" y vulnera la autonomía de las municipalidades.
Los 3 ejes de alerta de la concejalía
En el documento, los ediles desglosan los principales impactos negativos que traerá la medida para la administración local:
- Amenaza al motor municipal: El Fondo Común Municipal (FCM) aporta en promedio el 41% de los ingresos de las municipalidades en el país como herramienta redistributiva. La medida pondría en riesgo esta dinámica al centralizar y reducir la capacidad de recaudación local.
- Compensación inequitativa: Los concejales señalan que la compensación estatal proyectada usará recursos fiscales generales para cubrir lagunas tributarias que benefician mayoritariamente a las comunas más ricas, donde se concentra la mayor cantidad de predios exentos que pagan altas contribuciones (como Lo Barnechea).
- Pérdida de facultades de cobro: La reforma contempla que los municipios perderán la potestad de cobrar directamente las patentes y derechos de aseo morosos una vez que las nóminas sean enviadas a la Tesorería General de la República (TGR), quitándole a los alcaldes una herramienta clave de gestión directa con sus contribuyentes.
Directo emplazamiento a la máxima autoridad comunal
El punto más crítico del pronunciamiento es un emplazamiento directo al alcalde de Punta Arenas, a quien recriminan su respaldo a la fórmula tarifaria planteada por el Gobierno en el Informe Financiero N° 176 de la Dirección de Presupuestos.
De acuerdo con análisis técnicos presentados por el Observatorio de Políticas Económicas (OPES), el modelo del Ejecutivo condiciona $80.000 millones al reemplazo de ingresos según el origen de los inmuebles, lo que beneficia desproporcionadamente a comunas de altos ingresos como Las Condes, la cual recibiría $13.062 millones.
Frente a esto, los concejales señalan que existe una propuesta municipal alternativa para inyectar esos mismos $80.000 millones directamente al Fondo Común Municipal (FCM), aplicando criterios de pobreza y vulnerabilidad. Según las proyecciones de OPES, bajo esta alternativa redistributiva, Punta Arenas recibiría $315 millones adicionales.
"¿Cuál es su justificación técnica o política para respaldar una iniciativa que perjudica las arcas de nuestra comuna? Le instamos a aclarar por qué no prefiere abrirse a apoyar una repartición más equitativa a través del Fondo Común Municipal, la cual aseguraría esos $315 millones para las urgencias de las vecinas y vecinos de Punta Arenas", cerraron expresando los cuatro concejales en su declaración pública.
