En el cómodo microclima de los escritorios en Santiago, Washington, o de alguna oficina instalada en algún recóndito lugar, resulta dolorosamente sencillo emitir diagnósticos absolutos, levantar banderas morales y pretender definir el destino productivo de territorios que jamás han recorrido a pie. La reciente revelación sobre cómo organizaciones no gubernamentales chilenas viajaron a Estados Unidos para denunciar supuestas prácticas de “trabajo forzoso” en sectores clave como la salmonicultura —precisamente en el marco de las audiencias que terminaron en la imposición de un arancel del 12,5% a las exportaciones nacionales— es una muestra palmaria de irresponsabilidad institucional y desconexión con el desarrollo regional.

El problema de fondo no radica únicamente en la falsedad o en la distorsión de los datos presentados ante organismos internacionales, sino en la arrogancia epistémica con la que estas entidades operan. Bajo un discurso nefasto y radicalizado que se niega sistemáticamente al diálogo técnico, un puñado de ONG parece haberse adjudicado el derecho divino de decidir qué se produce, cómo se trabaja y de qué vive la gente en lugares extremos como Magallanes. Para estos colectivos, las economías regionales no son más que un mapa de laboratorio sobre el cual implantar una agenda ideológica sin medir los destrozos sociales que dejan a su paso.

Detrás de cada ataque injustificado contra la matriz productiva magallánica no hay una sola propuesta concreta. La ecuación del activismo centralista es tan simple como destructiva: cerrar, prohibir y sancionar, pero jamás proponer. ¿Dónde están los planes de diversificación económica planteados por estas organizaciones para absorber los miles de puestos de trabajo directos e indirectos que sostienen a familias enteras en la Patagonia? ¿Qué alternativa real de sustento le ofrecen al trabajador del sur, al pequeño proveedor, a la PYME o a las generaciones jóvenes que buscan empleo en su propia tierra?

La respuesta es el silencio. Un silencio cómodo para quien vive de la recaudación de fondos y el lobby internacional, pero devastador para la familia que depende de la industria local.

Pretender erradicar o estrangular los motores económicos de zonas aisladas basándose en premisas descontextualizadas o en una desinformación flagrante no solo frena el crecimiento; constituye una forma de colonialismo interno donde las decisiones que afectan el pan de los magallánicos se toman en salones lejanos sin ninguna rendición de cuentas ante la ciudadanía local.

Magallanes no necesita tutelajes morales ni dogmas importados. Requiere fiscalización rigurosa, estándares ambientales y laborales de nivel mundial y un Estado eficiente, pero sobre todo, necesita defender su soberanía productiva y su derecho histórico a construir un desarrollo sostenible, con empleo digno, diálogo real y respeto por las profundas particularidades de su territorio.