En un fallo de gran relevancia en el ámbito judicial y de derechos humanos, la justicia ordenó a la Congregación Salesiana pagar una indemnización total de $325 millones de pesos a nueve víctimas de abusos sexuales cometidos por ocho sacerdotes y dependientes de la institución.

La histórica resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la demanda civil por responsabilidad extracontractual, determinando que la congregación operó bajo un "patrón sistemático e institucional" que no solo facilitó las agresiones ocurridas entre 1973 y 2009, sino que además propició la impunidad de los responsables.

Las claves del fallo: Encubrimiento y "mecanismos de impunidad"

El dictamen del tribunal desnudó la existencia de una estructura interna dentro de la organización religiosa orientada a neutralizar las denuncias y resguardar a los victimarios:

  1. Traslados y silenciamiento: El tribunal acreditó que se recurrió de forma reiterada al traslado de sacerdotes entre distintas ciudades y a la presión para silenciar a los afectados.
  2. Dispensas de celibato: El fallo consigna que la congregación sugirió dispensas del celibato para los sacerdotes abusadores como un método conveniente "para evitar procesos formales de dimisión" (expulsión).
  3. Falta de protección: La institución religiosa, según detalla el texto legal, "omitió adoptar medidas idóneas de separación, restricción o denuncia, manteniendo o ampliando en cambio las condiciones que hacen posible el daño".

Daño moral e invisibilización de las víctimas

La resolución judicial enfatizó el impacto psicológico en las víctimas, apuntando a que en este tipo de casos institucionales suelen operar "técnicas de neutralización". A través de estas prácticas, los agresores y la propia orden religiosa lograban invisibilizar los abusos, negar cualquier tipo de responsabilidad corporativa y someter a las víctimas a procesos de revictimización o anulación social.

Con esta sentencia, la justicia chilena establece un duro precedente respecto a la responsabilidad civil e institucional que les cabe a las cúpulas religiosas frente a los delitos cometidos de forma sistemática bajo su tutela.