En medio del complejo escenario diplomático provocado por las recientes declaraciones cruzadas entre Santiago y Buenos Aires, las palabras de una de las máximas autoridades castrenses del país vecino volvieron a encender las alarmas de la geopolítica austral. El jefe de la Armada de Argentina, almirante Juan Carlos Romay, abordó el estatus estratégico de las rutas marítimas del sur, realizando un explícito reconocimiento del dominio nacional sobre el Estrecho de Magallanes, aunque omitiendo la atribución de soberanía sobre el Cabo de Hornos.
La controversia se originó tras los dichos del jefe de la Fuerza Aérea trasandina, Gustavo Valverde, quien en una entrevista previa llegó a sostener de manera infundada que el Estrecho de Magallanes formaba parte del territorio argentino. Dichas declaraciones obligaron al Ejecutivo encabezado por el Presidente José Antonio Kast a presentar una nota formal de protesta, derivando en un pronunciamiento de la Cancillería argentina que reafirmó la plena vigencia de los Tratados de 1881 y 1984.
Sin embargo, al ser consultado por la revista especializada DEF respecto al rol y presencia de la fuerza naval trasandina en el Atlántico Sur, el almirante Romay dejó entrever un matiz discursivo que no pasó desapercibido entre los especialistas en materias limítrofes. El alto oficial trasandino afirmó que el Atlántico Sur es un lugar estratégico, justamente porque en esa región tienen los principales pasos bioceánicos para conectar el Atlántico con el Pacífico, ya sea a través del Estrecho de Magallanes, que pertenece a Chile, o por el extremo sur, el Cabo de Hornos.
Si bien la declaración del almirante desmarca a la Marina de las imprudentes palabras del jefe del aire y ratifica que el Estrecho pertenece al territorio chileno, la estructura de su relato abre un flanco de ambigüedad en el punto más austral del continente. Al referirse al Cabo de Hornos, territorio e islas bajo dominio chileno incontrovertible consagrado diplomáticamente en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, el mandamás naval argentino omitió otorgarle la misma calidad de soberanía exclusiva a Chile, englobándolo únicamente bajo la categoría genérica de paso bioceánico regional.
Esta diferenciación en el lenguaje oficial refleja una retórica que sectores geopolíticos y militares de Buenos Aires han buscado sostener históricamente: la noción de un paso bioceánico compartido en la zona del Pasaje de Drake y el control proyectual hacia el continente antártico, eludiendo catalogar el archipiélago austral y su proyección marítima como un dominio exclusivo del Estado chileno.
El hecho debe mantener en alerta a las autoridades de la Región de Magallanes y de la Cancillería, en una coyuntura donde la vigilancia estratégica y el control de los espacios marítimos del extremo sur continúan al centro de la agenda de seguridad e integración austral.
