En un megaoperativo ordenado por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y ejecutado por la Policía de Investigaciones (PDI), autoridades realizaron allanamientos e incautación de dispositivos electrónicos en la sede del Congreso Nacional, las oficinas centrales de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y diversos inmuebles privados en varias regiones del país.

La investigación judicial indaga delitos de fraude al Fisco, lavado de activos, cohecho, soborno y tráfico de influencias asociados a licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Puntos clave de la investigación:

  1. Parlamentarios y exautoridades indagados: Entre las propiedades e instalaciones intervenidas por la PDI se encuentran dependencias y domicilios vinculados a los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto, al exdiputado Hugo Gutiérrez, al lobbista Darío Calderón, así como a la exdirectora nacional de Junaeb, Camila Rubio, y a diversos exjefes de departamentos del organismo.
  2. El origen de la denuncia: Las pesquisas se desencadenaron tras denuncias presentadas por la administración entrante de Junaeb, la cual auditó contratos anteriores y detectó graves anomalías en la adjudicación de servicios de alimentación en la Región de O'Higgins.
  3. Empresa privada en la mira: El Ministerio Público busca determinar la existencia de un esquema sostenido entre exfuncionarios públicos y la proveedora de alimentos SOSER S.A. Se investiga la filtración de información reservada, sobredeclaración de raciones, pagos improcedentes y presiones internas a fiscalizadores para beneficiar la adjudicación de contratos públicos a cambio de retribuciones económicas o laborales.
  4. Incautaciones: Por orden del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, los efectivos policiales procedieron al decomiso de teléfonos celulares, computadores, discos duros, documentación contable y antecedentes bancarios con el fin de reconstruir las comunicaciones y los flujos financieros.

Contexto procesal

La causa se encuentra en plena fase de diligencias investigativas para establecer o descartar eventuales responsabilidades penales respecto de las personas e instituciones mencionadas. Conforme a las garantías constitucionales del proceso penal, las personas indagadas mantienen la presunción de inocencia mientras los tribunales de justicia no emitan una resolución definitiva.