La tensión política en torno a la propuesta de reforma constitucional en materia de seguridad escaló varios peldaños. El constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), Javier Couso, encendió las alarmas al reiterar una advertencia que remeció las filas del oficialismo: de aprobarse en sus términos actuales, el proyecto del Ejecutivo abriría la puerta para espiar a periodistas, perseguir a la oposición e incluso exiliar a disidentes políticos bajo la fachada del combate al crimen organizado.

El debate venía fraguándose a fuego lento tras la publicación de una columna en El Mercurio, firmada por el propio Couso junto al ensayista Arturo Fontaine. En ella, ambos catalogaron la propuesta del Gobierno como una iniciativa "manifiestamente iliberal" que camina hacia una "dictadura constitucional". La crítica desató la molestia de sectores como el Partido Republicano, pero lejos de replegarse, el abogado reafirmó este sábado sus aprensiones.

El fantasma del abuso de poder

Para el académico de la UDP, el dilema central no reside únicamente en la administración actual, sino en las herramientas de control que quedarían a disposición de cualquier Mandatario en el futuro.

"Si bien el Ejecutivo hasta el momento no ha mostrado señal alguna de ser populista, autoritario e iliberal, de aprobarse esta reforma dejaría en manos de este Gobierno y de los futuros la posibilidad de que un Presidente abusara de algo que estaría dirigido a combatir el crimen organizado y el terrorismo para espiar periodistas, presidentes de partidos políticos opositores y, en general, detener —y exiliar incluso— a disidentes", enfatizó Couso.

El punto más controvertido de la iniciativa radica en la creación de un nuevo estado de excepción constitucional. Este permitiría extender la medida hasta por 120 días iniciales, renovables por otros 120 sin necesidad de requerir la aprobación del Congreso Nacional, otorgando un poder discrecional de hasta 240 días de excepción al Poder Ejecutivo.

El oficialismo busca contención y unidad

La arremetida del mundo académico generó un fuerte impacto en los partidos de Chile Vamos y las huestes oficialistas. Mientras los senadores de Renovación Nacional (RN) sostuvieron reuniones de emergencia para definir una postura común y evaluar la viabilidad de retirar el punto sobre los 240 días de excepción o acotarlo mediante modificaciones, en la UDI optaron por llamar a la calma.

El senador Iván Moreira instó al Gobierno a mantener en pie la reforma, pero cediendo a una negociación transversal:

"La respuesta definitiva del Gobierno debe ser no retirar la reforma de seguridad, pero debe llegarse a un acuerdo en forma transversal, principalmente en los partidos oficialistas. No podemos estar con tantas exigencias. Si la reforma constitucional tiene que modificarse, se modificará. Hay que aumentar los tiempos de tramitación, hay que recibir indicaciones y aportes de todos los sectores, pero principalmente debe mantenerse la unidad en el oficialismo", afirmó el parlamentario.

Mientras La Moneda sopesa el costo político de ceder ante las indicaciones o mantener el diseño original, la advertencia de Couso resonó fuerte en los pasillos de la política: el límite entre la efectividad frente al crimen y la erosión de las garantías democráticas es hoy la franja más delgada del debate legislativo.