El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó veredicto condenatorio en contra del exalcalde de Puerto Natales, José Fernando Paredes Mansilla, por el delito de cohecho en el marco de las aristas del denominado "Caso Luminarias LED". De forma paralela, el tribunal resolvió absolver a la exautoridad del cargo por violación de secreto que también le imputaba el Ministerio Público.

La decisión judicial marca el cierre del juzgamiento oral tras una extensa investigación focalizada en irregularidades e intervención en licitaciones de recambio de alumbrado público, proceso en el cual la fiscalía imputó el pago de sobornos a cambio de favorecer a la empresa Itelecom en las adjudicaciones comunales.


Decisión del tribunal y lectura de sentencia

Durante la audiencia celebrada este martes, los magistrados determinaron que los antecedentes probatorios presentados por el Ministerio Público resultaron suficientes para acreditar la comisión del delito de cohecho. Sin embargo, desestimaron la configuración de la violación de secreto atribuida a Paredes durante la tramitación de las propuestas públicas.

La lectura del fallo definitivo —donde se dará a conocer la pena exacta que deberá cumplir el exjefe comunal de Última Esperanza— quedó agendada para el próximo viernes 11 de septiembre de 2026, a las 13:15 horas, en formato telemático.

El fallo de los magistrados concluye una causa penal que mantuvo en la mira pública a la gestión municipal de Última Esperanza por años, salpicada por la red de corrupción levantada por la firma Itelecom en diversas municipalidades del país para adjudicarse proyectos millonarios de recambio de luminarias.

Aunque la Fiscalía buscaba penas de presidio efectivo para el exjefe comunal, la absolución por el delito de violación de secreto reconfigura el escenario respecto a la cuantía final de la condena que impondrá el tribunal.

La defensa de Paredes, por su parte, adelantó que analizará el detalle del fallo íntegro una vez dada a conocer la sentencia el 11 de septiembre, con el fin de evaluar eventuales recursos de nulidad ante la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema.

Con este veredicto, el panorama político e institucional magallánico suma un nuevo precedente respecto a la fiscalización y juzgamiento de delitos de corrupción pública en el ámbito municipal.