Tras una severa investigación, la Contraloría General de la República concluyó que la exdirectora regional de Vialidad en Magallanes, Valeria Oyarzo Benítez, incurrió en graves infracciones al principio de probidad administrativa al intervenir en decisiones y actos administrativos vinculados a contratos de obras públicas donde existían circunstancias que comprometían su imparcialidad.

El pronunciamiento fiscalizador tiene su origen en una denuncia presentada por el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (Anatravial), la cual acusó eventuales conflictos de interés no abordados en indagatorias previas.

Según el dictamen de la Contraloría, Oyarzo Benítez —quien dejó la titularidad de Vialidad en abril del año pasado y actualmente cumple funciones en otra repartición del MOP en la región— debió abstenerse de intervenir en asuntos con alcance comercial directo o indirecto de su cónyuge, Juan Bendek, según lo exige la normativa vigente respecto de parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

El equipo fiscalizador detectó dos irregularidades clave en contratos de conservación y desarrollo vial:

  1. Modificación contractual millonaria: En 2024, la exdirectora suscribió una modificación contractual que incorporó obras extraordinarias por concepto de "Barreras Metálicas de Contención Certificadas" por un monto superior a $264 millones más IVA. Mediante registros fotográficos, la fiscalización verificó que maquinarias y vehículos utilizados en dicha faena pertenecían a la empresa de su cónyuge.
  2. Camino Hollemberg-Río Pérez: En la segunda etapa de esta obra, Oyarzo firmó la resolución que designó la comisión de recepción provisional y dispuso el reemplazo de la inspectora fiscal titular (Andrea Fuenzalida Briones por Pedro Villegas Hernández), manteniendo una situación objetiva de conflicto de interés que le imponía el deber de abstención.

Sumario administrativo e instructivo de abstención

Como consecuencia directa de estos hallazgos, el órgano contralor dispuso que la Dirección de Vialidad instruya un sumario administrativo en contra de Valeria Oyarzo para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes.

Adicionalmente, la Contraloría ordenó al organismo implementar y formalizar de manera obligatoria un procedimiento interno de control y abstención aplicable a los procesos de inspección fiscal, aprobación de estados de pago, modificaciones contractuales y comisiones de recepción. Dicho mecanismo deberá permitir identificar oportunamente a funcionarios que mantengan o hayan mantenido vínculos laborales o profesionales con empresas contratistas o proveedores durante los últimos dos años.